43 pasos atrás

El gobierno tuvo en sus manos la Disyuntiva de resolver uno de los más grandes agravios ocurridos durante la actual administración y recuperar algo de credibilidad del que está urgido. / Foto: @disyuntivaTV

Jorge Luis Urzúa F.
@j_urzua

Por donde se le vea, considero una mala decisión del gobierno mexicano el haber rechazado extender el mandato del ‘Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes’ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en momentos en que la investigación de los 43 normalistas desaparecidos tiene más interrogantes que certezas.

En su momento, el anuncio de abrir la investigación a la colaboración internacional, fue una esperanza para los familiares y para la opinión pública, ante la aparente voluntad del gobierno para resolver este crimen y ahora, el despido de los investigadores extranjeros hace pensar que únicamente se trataba de ganar tiempo.

El fin de la misión del GIEI parece explicarse paradójicamente en los hallazgos de la propia indagatoria para la que fueron llamados, las contradicciones que encontraron con respecto a la “verdad histórica” y las evidencias que conducían a líneas de investigación que la PGR no pudo o no quiso investigar desde un principio.

Las conclusiones del GIEI presentadas a unos días de abandonar México, hablan de una clara obstaculización hacia su trabajo, acompañada de una campaña de desprestigio de algunos ‘opinadores’ que gustan quedar bien con las versiones oficiales.

La tesis de la supuesta incineración de cuerpos en el basurero de Cocula ha quedado desacreditada por el GIEI, pero también por el grupo de forenses argentinos que desde un primer momento, se deslindó del hallazgo de restos en bolsas de plástico en el río San Juan. Nadie cree en esa hipótesis.

Incluso los expertos que contrató el gobierno para el tercer peritaje en Cocula, buscando reforzar esta conjetura de Murillo Karam, expresaron cautela al señalar que 17 personas “pudieron” ser incineradas en el basurero de Cocula”; sin embargo, no hay evidencia científica alguna de que se tratara de los normalistas desaparecidos.

El asunto del quinto autobús y ahora la sorpresiva aparición de un testigo que involucra a policías de un tercer municipio, -Huitzuco de Figueroa-  y por lo menos a dos federales, además de otros indicios, justificaban la prolongación del mandato del GIEI.

Con lo que hoy se sabe, es fácil suponer que a la PGR le urgía cerrar el caso, más allá de esclarecerlo y se fue por la vieja táctica de fabricar evidencias, situaciones y responsables.

Eso sí que configuraría, un verdadero “crimen de Estado” por omisión y negligencia.

Como sociedad, no podemos comprender como a un año y medio, este misterio no ha podido ser resuelto, a pesar de los recursos que se han destinado y de los más de cien detenidos, por lo menos alguno de los cuales, debería saber con certeza lo que pasó.

¿Ninguno habría recibido la oferta de hablar a cambio de inmunidad o de reducción de sentencia?

¿Habrá más testigos, como el recién revelado, que han sido acallados o también desaparecidos?

¿Dónde están esos policías federales y municipales que se llevaron a varios de los 43?

Si ya el gobierno había aceptado la participación de los expertos internacionales, ¿porqué no dejarlos terminar su trabajo?

El gobierno tuvo en sus manos la Disyuntiva de resolver uno de los más grandes agravios ocurridos durante la actual administración y recuperar algo de credibilidad de la que está urgido.

Todo indica que esto no será así.

 

Jorge Urzua324 Posts

Periodista con 30 años de experiencia en medios electrónicos, con especial predilección por la radio, pero fascinado con las posibilidades que hoy ofrecen las nuevas tecnologías de la información.

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