Benjamín Torres Uballe
@BTU

Este domingo, la Procuraduría General de la República (PGR) —dirigida por el priista Raúl
Cervantes Andrade— emitió un boletín para informar que congeló 112 cuentas bancarias, aseguró
5 empresas y 4 propiedades a Javier Duarte de Ochoa para atajar su evasión de la justicia (¿?). El
comunicado exacerba la indignación tanto por el monto de los bienes referidos como por atentar
contra la inteligencia. Señores de la PGR, Duarte está evadido de la justicia hace varias semanas.

La dependencia federal, que ha sido negligente e incapaz de capturar al prófugo ex gobernador,
tardó más de un mes en realizar dicho aseguramiento. En México, todos sabíamos —incluido el
Presidente— el latrocinio que uno de los “ejemplos” de los nuevos políticos del PRI estaba
llevando a cabo en la entidad jarocha. También diversos medios de comunicación señalaron
—antes de la ominosa fuga— muchas de las propiedades y empresas que poseía.

Desde hace años se empezó a conocer el desvío que, de los recursos públicos, hacía Duarte y su
camarilla. La Auditoría Superior de la Federación alertó de ello. Incluso, Manlio Fabio Beltrones, a
la sazón dirigente nacional del PRI, ante la gravedad del saqueo, y previamente a las elecciones del
5 de junio, propuso removerlo de la gubernatura. En Los Pinos hicieron oídos sordos a la vox pópuli
y al político sonorense. La necedad de mantenerlo en el puesto le costó al PRI perder las
elecciones.

Hoy, la percepción popular es que a Duarte de Ochoa lo sigue protegiendo el aparato oficial. No
importa la ruina en que dejó a Veracruz, ni los más de 35 mil millones de pesos en que se estima la
devastación del pillo tricolor. La ciudadanía tampoco cree en el garlito de los 15 millones de pesos
ofrecidos por la Procuraduría a quien informe sobre el paradero del, hasta hoy, evadido de la
justicia. El gobierno federal no puede quitarse de encima la sospecha generalizada de que sí sabe
dónde está el ex mandatario veracruzano y que sólo es que quiera, para echarle el guante.

Y las suspicacias de la sociedad crecen cuando al nombre de Javier Duarte se suman el de César
Duarte y Roberto Borge, también ex gobernadores priistas, señalados de graves anomalías
financieras durante sus respectivas gestiones. No obstante, igual que en el caso del primero, a
pesar de las denuncias de organismos sociales y de medios impresos y electrónicos, la inacción de
las autoridades es, por decir lo menos, omisa, lenta y profundamente llena de “sospechosismo”.

Tanto descrédito y desconfianza hacia la actual administración no es gratuita. Está originada por el
amplio cúmulo de casos de corrupción, abusos y ahora por la descarada e inmoral protección hacia
depredadores del patrimonio de los mexicanos. Ninguna farsa convencerá de lo contrario.
Impunidad es la patente de corzo que alienta a todo funcionario ladrón —de cualquier partido—
para llenarse los bolsillos, los de sus familiares, amigos y prestanombres. Por eso el descaro de los
que, sabiéndose protegidos, reinciden, pretenden ocupar otros encargos políticos y, en una terrible
ofensa para la población, son protegidos al colocarlos como diputados, senadores o premiados con
una embajada o consulado. De ese tamaño es la red de complicidades y cinismos.

Por lo pronto, la nomenclatura puede corregir el camino, empezando por avisar en la PGR que
Javier Duarte está prófugo, pues no quisieron “atajar su evasión  de la justicia”.

DONALD TRUMP O EL RESURGIMIENTO DEL FASCISMO GRINGO

El triunfo del republicano Donald Trump el pasado martes evidencia, de entrada, dos aspectos
fundamentales: la inutilidad de las encuestas y pronósticos —con las cuales han obtenidos
enormes fortunas ciertos vivales— y el resurgimiento del fascismo gringo en uno de los sectores
más radicales e influyentes de aquella nación.

Ciudadanos permitieron y alentaron las ansias presidenciales de un desequilibrado racista y
demagogo perteneciente al voraz “uno por ciento” estadunidense, como llama el Premio Nobel de
Economía, Joseph E. Stiglitz, en su libro La Gran Brecha, a los poderosos millonarios de ese país,
que deciden el destino del resto de sus compatriotas.

Los estragos por la victoria del peligroso empresario se resintieron en todo el mundo, y
principalmente en nuestro país. El peso se devaluó —algunos puritanos exigen el uso del término
“depreció”— por arriba de las 21 unidades respecto al dólar. La Bolsa Mexicana de Valores también
acusó de manera drástica el efecto negativo.

Sin embargo, las consecuencias más peligrosas vendrían en cuanto el locuaz presidente electo de
los Estados Unidos tome posesión —el próximo 20 de enero— si concreta la deportación de
millones de connacionales que carecen de autorización para permanecer en ese país.
La otra
amenaza es si el señor del horrendo peluquín y manoseador de mujeres insiste en renegociar el
actual Tratado de Libre Comercio. Trump es, definitivamente, un peligro para México… ahora ya
son dos. ¡No manchen, no se vale!