Anuencias ambientales y Presupuesto.

Por Ricardo Medina Calvario.

Posiblemente el nuevo gobierno no lo sabe, pero como no hay obra o actividad
humana que no tenga consecuencias en el medio ambiente, a partir del año
1988 se plasmaron en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente (LGEEPA), una serie de instrumentos de política ambiental que
permitieran establecer una real protección al ambiente. Estos instrumentos son
de orden público e interés social con el objetivo de alcanzar un desarrollo
sustentable. Entre ellos ha destacado a través de los años la Evaluación de
Impacto Ambiental, misma que permite saber los impactos que se causarán
por la implementación de un proyecto, a manera de ejemplo, uno que tenga
que ver con vías generales de comunicación o que tal, uno que implique la
industria del petróleo, así como las medidas de prevención, mitigación y
compensación a realizar.
Así pues, quienes pretendan llevar a cabo obras o actividades contempladas en
el artículo 5° del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación de
Impacto Ambiental requerirán previamente la autorización en esta materia.
Esto es, cumplir con la LEY, abonar en el sentido de terminar con la impunidad,
uno de los tres grandes males de nuestro país (desigualdad y corrupción los
otros) y para terminar con ella debemos todos, personas, instituciones,
empresa y el gobierno, estar sometidos a las leyes, reglamentos y normas que
se promulgan y son públicas.
Cuando se dio luz verde por parte del gobierno a la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se licitó entre otras cosas, la
realización de la Manifestación de Impacto Ambiental. Ésta fue realizada por
miembros destacados de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental
(AMIAac), cumpliendo con lo solicitado por la autoridad competente. Asimismo,
se elaboraron el estudio de Riesgo Ambiental y Técnico Justificativo para el
cambio de uso de suelo. De todos ellos se obtuvo una autorización en donde se
estipularon medidas a seguir para conseguir el menor impacto al ecosistema, a
los recursos naturales, pensando en no encontrar una solución perfecta, sino
viable, sustentable.
La llegada de la cuarta transformación, inició una nueva modalidad de
“calificar” los impactos ambientales.
Ya que el NAIM causará un grave deterioro ambiental al “Lago de Texcoco” y
no permitirá su rescate, traerá graves problemas hidráulicos, dejará de ser
hábitat de aves migratorias, este proyecto deberá y pasará por una CONSULTA
PÚBLICA, para que el Pueblo decida su continuidad o bien su muerte. El
resultado lo sabemos ya, se decidió dar un giro y llevar el proyecto del
aeropuerto a Santa Lucía, con una muestra poco representativa de la
población, sin Proyecto, Plan Maestro y por supuesto sin una Evaluación de
Impacto Ambiental.

De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en un predio
de aproximadamente 300 hectáreas, ubicado en el Puerto de Dos Bocas,
Tabasco, se llevó a cabo un desmonte de terreno con vegetación forestal, para
cambiar el uso de suelo y poder realizar la construcción de una nueva
Refinería.
Tomando en consideración lo establecido por la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), el predio está catalogado como una zona con vegetación de
Manglar, motivo por el cual se debe obtener una autorización en materia de
impacto ambiental, así como por cambio de uso de suelo a Nivel Federal,
aunado a que se trata de un proyecto de la Industria Petrolera.
A pesar de lo mencionado, la titular de la Secretaría de Energía, comunicó a la
sociedad que ya se contaban con Autorizaciones en materia ambiental a nivel
estatal y municipal (2007), contraviniendo con ello lo estipulado en la Ley
Federal correspondiente y aplicable.
“Ritual de los Pueblos originarios a la Madre Tierra para ANUENCIA del Tren
Maya”, fue el nombre que se le dio a la solicitud de permiso a la Madre Tierra,
para iniciar los trabajos del tren Maya (uno de los proyectos prioritarios del
sector central) y suponemos que se le otorgó, ya que a esta fecha no se ha
dado a conocer qué respondió la Madre Tierra.
Se ha dicho que este proyecto consiste en 1,525 kilómetros de recorrido,
utilizando alrededor de 723 kilómetros de vías ya existentes, que generará
únicamente impactos “chiquitos”, inclusive sin tirar un solo árbol. Aquí vale la
pena preguntar, al pretender utilizar un tren de alta velocidad, ¿las vías
existentes serán las indicadas? Seguramente no, tendrán que ser adecuadas,
para ello se tendrán que construir caminos de acceso, instalar campamentos
con baños, utilizar agua potable, se generarán residuos por parte de los
trabajadores y todo esto ¿no generará impactos ambientales que deberán ser
evaluados? Ni que decir de los impactos de la construcción de los kilómetros de
vías nuevas.
El Tren Maya (y todos los proyectos que indica el Reglamento de la LGEEPA en
materia de impacto ambiental, así como los correspondientes estatales y
municipales), deberá contar con todos los estudios ambientales necesarios
para determinar su factibilidad ambiental, y deberá acatar plenamente la
legislación ambiental vigente en materia de impacto ambiental, forestal, vida
silvestre, áreas naturales protegidas y aguas nacionales.
Se deberán respetar los límites de las áreas naturales protegidas (ANP)
federales, Parque Nacional Tulum, las Reservas de la Biosfera Yum Balam y
Sian Ka´an en Quintana Roo y Calakmul en Campeche. Asimismo, las áreas
Naturales Protegidas a nivel estatal de Balam-Ku y Balam-Kin en Campeche,
evitando por el bien de todos, cualquier impacto en sus zonas núcleo y de
amortiguamiento, estableciendo una visión de consolidación de todas estas
áreas y no de más fragmentación.

Importante será determinar el número y ubicación de los pasos de fauna
mayor y menor, adecuando los viaductos, obras de drenaje y pasos ganaderos,
planteando reducir al máximo la fragmentación del hábitat de especies tan
emblemáticas como el Jaguar.
Se deberá determinar la capacidad de carga de la región, para establecer la
correcta ubicación de las estaciones, centros de población, caminos de acceso,
determinando los impactos que se puedan generar a las ANP y corredores
biológicos.
Y por supuesto para éste y cualquier proyecto, se deberá llevar a cabo además
las consultas que establece la legislación ambiental y/o la referente al
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
México cuenta con un marco legal ambiental de primer orden, pero hay que
aplicarlo, su ejecución y vigilancia deja mucho que desear y esto pasa por
múltiples factores, siendo uno de los principales la falta de personal capacitado
y con innovación tecnológica. ¿Qué se requiere?, un presupuesto que permita
avanzar en la implementación y crecimiento de los diversos programas
ambientales (manejo de áreas naturales protegidas, manejo integral de
residuos, nacional de auditoría ambiental, inspección y vigilancia, etc.), de
educación ambiental y de conocimiento de las leyes, reglamentos y normas
ambientales por parte de empresarios, gobierno y pueblo en general.
Sin embargo, que es lo que vivimos. En el año 2014, el presupuesto asignado
para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
rondaba los $70,000 millones de pesos. Para 2018 el presupuesto fue de
alrededor de $37,000 millones, una baja de casi 50% en 4 años. Para cuando
escribo este texto, se tiene por presentado al poder legislativo un Proyecto de
Presupuesto de Egresos donde a la SEMARNAT se le asignan únicamente
$26,500 millones y donde todos sus organismos (CONAGUA, PROFEPA
CONANP, ASEA, CONAFOR, IMTA e INECC), se verán afectados en sus
operaciones.
A pesar de lo dicho por los últimos tres gobiernos y el presente, respecto a la
importancia del tema ambiental y sustentado en un proyecto de Austeridad
republicana, lo que vemos es un desprecio hacia éste y que no es ninguna
prioridad. Que no importa cumplir con los acuerdos de Paris, que no importa
haber acrecentado en tres veces las Áreas Naturales Protegidas, con un
requerimiento de personal para su vigilancia e implementación de programas
productivos para sus habitantes, no importa tampoco avanzar con el programa
de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Lo que vemos, es que México regresa a ser un Estado intervencionista, con un
sistema presidencialista, de partido hegemónico y el petróleo como fuente de
orgullo nacional. El presupuesto se vuelve asistencialista (solo paliando la

pobreza), con una intención de distribuir, pero controlando, centralizando,
buscando compensar, pero corporativizando.
Se pretende dar un necesario ALIVIO a los pobres, atención para los
vulnerables, intervención del Estado para corregir los defectos del mercado que
ha generado tanta concentración de riqueza, pero sin énfasis en el crecimiento
solo en la redistribución, sin un pensamiento por los contrapesos al poder (la
ciudadanía debe ponerse al frente), pero sí un gran esfuerzo para centralizarlo
en una sola persona y su pensamiento (baste recordar lo que acaba de decir la
diputada María Dolores Padierna con referencia al presupuesto de ingresos “no
le van a quitar un peso a Andrés Manuel”).
Definitivamente se debe consultar, pero no alentando la idea de que las
trasformaciones se darán a partir de las consultas populares, se debe aplicar
una Austeridad, pero no como freno a la Inversión y mejora continua, no debe
ser cobijo de ineficiencias e improvisaciones y nunca a costa de la eficiencia
para la conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos
naturales. En el gasto que seguramente quedará, se denota el poco interés en
el Medio Ambiente, pero mucho interés nuevamente en la petrolización. Una
visión nostálgica y conservadora que no producirá prosperidad a los
mexicanos.

BIÓL. RICARDO MEDINA CALVARIO.
Presidente del Instituto de Investigación y
Capacitación para las Ciencias Biológicas, A.C.

 

Ricardo Medina Calvario3 Posts

Biólogo, consultor en Medio Ambiente, Presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, A.C.

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