Jorge Luis Urzúa F.
@j_urzua

Con un “palmo de narices” se quedo la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas que  ilusamente esperaban que el Congreso de la Unión hiciera caso al reclamo de imponer mayores candados para combatir a la corrupción.

Los senadores, que tenían el encargo de sacar el dictamen de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se perdieron en miles de recovecos y pretextos sobre lo que resultaba  inconstitucional de la propuesta “3 de 3“, que busca obligar a los funcionarios públicos a revelar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de posible conflicto de intereses.

Y es que nuestros políticos sí parecen estar dispuestos a “amarrarse las manos”, -pero con ligas o resortes- para seguir teniendo cierto margen de maniobra y continuar operando a favor de sus intereses. “No me des, nomás ponme donde hay”, dice un dicho popular.

Basta conocer algunas ideas que hubo durante las discusiones de las leyes de transparencia en las que se propuso no sancionar a un funcionario si era descubierto en desviación de recursos, “siempre y cuando regresara lo que se llevó”. Cinismo puro.

Remite a otro dicho popular que dice “vergüenza no es robar, sino que te cachen”.

Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se atoran en cuanto a los alcances de lo que es considerado como una “invasión a la privacidad”, por parte de los legisladores.

Se entiende la preocupación de éstos en tiempos de inseguridad, pero seguramente los políticos tienen más temor de lo que opinará el pueblo sobre sus bienes y relaciones de poder de cada uno de ellos.

Los políticos no quieren “echar luz” sobre su patrimonio, sus compromisos y sus negocios, porque entonces el servicio público perdería la “esencia de su encanto”, el influyentismo, el enriquecimiento casi mágico y la impunidad.

Aunque leyes van y leyes vienen, de nada sirven éstas, mientras el más perfecto ordenamiento pueda ser burlado por una red de complicidades que son parte de los “usos y costumbres” del entramado  político mexicano.

Los funcionarios públicos que van a la cárcel en este país, se debe a alguna vendetta más que a un acto de justicia, caen en “desgracia” porque no pertenecían al partido en el poder o porque dejaron de ser leales al ‘status quo’. “Patearon el pesebre” pues.

Personalmente apoyo la iniciativa ciudadana “3 de 3“, aunque no dejo de reconocer que tiene su ingrediente romántico en un país donde el Estado de derecho no se cumple a cabalidad.

Las leyes y la justicia en México se aplican a discreción. “Justicia y gracia para mis amigos, justicia a seca para los demás”, dice una frase atribuida ni más ni menos que al Benemérito de la Américas.

Las tres declaraciones de un político deshonesto podrían ser un listado de mentiras, sin un mecanismo de verificación completamente independiente, en lugar de ser revisadas por una contraloría o Secretaría de la Función Pública del “mismo bando” que avale un cúmulo de falsedades.

Sin embargo, no está de más una reglamentación que intente cerrar el paso a la corrupción, -el mayor de los males de nuestra sociedad-, tan es así que lamentablemente se tiene que exigir desde la ciudadanía, -leyes para tener funcionarios probos-, personas que deberían ostentar ese  valor en su trayectoria de vida, como condición indispensable para representar, gobernar y administrar a una nación.

Reconozco que esta idea es todavía más ilusa que la de pensar que un sistema anticorrupción terminará con las malas costumbres de la oligarquía política en México, sin embargo, siempre será mejor contar con herramientas para al menos, intentar cerrar el paso a las malas prácticas.

Ahora, los partidos prometen sacar el paquete de leyes secundarias en un período extraordinario para después de las elecciones de junio próximo. Total, la lucha anticorrupción ¡puede esperar!