Derechos humanos policiaco-militares

Jorge Luis Urzúa
@j_urzua

Es una triste realidad que en México las fuerzas de seguridad incurren en violaciones sistemáticas de
derechos humanos, como lo han señalado organismos internacionales.

Tenemos experiencias tenebrosas a lo largo de nuestra historia en el que las fuerzas de seguridad
son usadas o actúan en contra de los ciudadanos a los que deben proteger.

De los creadores del ‘tehuacanazo’ y otras tantas torturas corporales se han fabricado culpables de
todo tipo con los más oscuros fines, desde acallar voces disidentes, hasta supuestamente resolver
crímenes de alto impacto mediático, con “chivos expiatorios” para calmar a la opinión pública.

La situación poco ha cambiado desde la promulgación de mecanismos de defensa de las garantías
individuales y de prohibición de la tortura como método para obtener declaración de sospechosos.

Los cuerpos de seguridad actúan de manera subrepticia y sólo conocemos de estos casos cuando se
filtra algún video, como ocurrió este año con el caso de una detenida en Ajuchitlán del Progreso,
Guerrero, donde militares y policías la someten a asfixia. La mujer era secuestradora e integrante de
La Familia Michoacana.

Aunque para muchos esta mujer merecía el tormento, -como cualquier criminal despiadado-, no se
puede permitir esta acción de los uniformados, porque se convierte en práctica común y el riesgo es
muy alto de aplicar estos métodos a personas inocentes con tal de obtener confesiones.

No hay ninguna duda en esto. La tortura debe ser castigada con todo rigor para los hombres de
uniforme.

¿Pero qué pasa entonces cuando es al revés? Cuando nuestros hombres y mujeres de uniforme se
encuentran bajo una lluvia de balas o pedradas, petardos y cocteles molotov. ¿No tienen ellos
derecho a defender su vida y a utilizar la fuerza como se hace en otros países?

Y no se trata de “reprimir la protesta social”, pero una manifestación legítima y pacífica, termina al
momento del primer disparo, del golpe de cadenas contra los escudos y de la utilización de cocteles
molotov y petardos, que son tan letales como una pistola.

No se puede victimizar a un encapuchado que arremete contra la fuerza pública con un tubo o unos
chacos, (en varios países es un delito manifestarte con el rostro cubierto, por ejemplo) un
enmascarado que destroza cristales y mobiliario urbano, que incendia vehículos particulares, que
saquea negocios y que arremete contra los antimotines, los masacra a golpes y los quema vivos en
algunos casos.

Esa manifestación ya no es legítima, es un disturbio o asonada y ese manifestante un vándalo, un
transgresor. ¿¿Por qué es tan difícil de entender??

Ningún político le entraría a hablar así de claro y a proponer una iniciativa en tal sentido.

Cualquier cuerpo de seguridad en todo país que se precia de democrático y apegado a derecho,
faculta a sus policías a responder a la agresión, incluso con fuerza letal, mediante procedimientos claramente establecidos que desafortunadamente aquí son ambiguos, como tantas cosas en la ley.

Los policías y militares son ciudadanos con derechos a la vida y a proteger su integridad, enfrentan
criminales y golpeadores peligrosos y los enviamos a enfrentarlos y a “aplicar la ley”, pero los
dejamos solos y condenamos cuando algunas voces políticamente malintencionadas los acusan de
ser “fuerzas represoras”, al servicio del gobierno en turno.

Tenemos casos de policías amputados, permanentemente paralizados, quemados vivos,
traumatizados de por vida, en manifestaciones y enfrentamientos con turbas enardecidas. ¿Ellos no
merecen consideración alguna?

Se debe castigar sin duda y con todo el peso de la ley, a los agentes abusivos, torturadores y
violadores de los derechos humanos, pero también tenemos que apoyar el trabajo de las distintas
corporaciones con claros protocolos de uso de la fuerza letal y no letal, reconociendo sus derechos a
proteger sus vidas e integridad.

Equipar a todos los policías con cámaras en el uniforme para monitorear su actuación en todo
momento, sería un buen principio y mucho menos costoso que las investigaciones posteriores de
distintos hechos cuestionables que no llegan a ninguna parte. ¿Qué piensa usted?

 

Jorge Urzua1536 Posts

Periodista con 30 años de experiencia en medios electrónicos, con especial predilección por la radio, pero fascinado con las posibilidades que hoy ofrecen las nuevas tecnologías de la información.

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