Autoridades civiles reprobadas en seguridad pública

EL DESPERTADOR AMERICANO

Moisés Mora Cortés
@moisesmorac

Tanto por incompetencia profesional como ventajosa conveniencia e incluso corrupta complicidad, y salvo en algunos justificados casos por sobrevivencia, el caso es que criminalmente las autoridades civiles siguen reprobadas en materia de seguridad pública en diversas zonas y regiones del país, como para que el Ejército Mexicano, la Marina Armada y la Fuerza Aérea, sigan a lo largo de una década, patrullando carreteras, caminos, espacio aéreo, playas, costas, poblaciones, calles y colonias para proteger a la población.

No es su función, pero sin embargo, cientos de miles de soldados, marinos y pilotos le han hecho frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico con positivos resultados, ante la indiferencia de legisladores, alcaldes y gobernadores que encuentran en la comodidad del llamado a las fuerzas armadas, la salida fácil para evadir una de sus principales responsabilidades como servidores públicos.

Resulta inexplicable la ausencia de garantías jurídicas suficientes para solventar la actuación determinada y contundente de las fuerzas armadas, misma que solamente pareciera explicarse por mutua complicidad y conveniencia por parte de las fuerzas políticas representadas en los distintos niveles legislativos y ejecutivos del país… capítulo aparte merecen por supuesto jueces y magistrados de los respectivos poderes judiciales.

Igualmente de manera criminal sucede con varias policías estatales y municipales que se desentienden de sus fundamentales responsabilidades para resolver las afrentas delincuenciales en contra de la ciudadanía, e incluso se nieguen a participar de manera conjunta con las fuerzas armadas en el combate a los malandrines, cuando son los primeros en dar el grito de auxilio.

No resulta ahora extraño que muchos de los señalamientos de la población se dirijan en contra precisamente de quienes debieran protegerlos, por lo que resulta urgente e indispensable una profunda transformación institucional que garanticen las acciones de las fuerzas armadas, impliquen responsabilidades a los representantes populares que incumplan directa o indirectamente con su obligación constitucional de brindar seguridad a la población, así como sanciones ejemplares (incluida la pena de muerte) a quienes desde el sagrado ejercicio del servicio público, traicionen a los ciudadanos y a las instituciones para su protección o beneficio.

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