EL DESPERTADOR AMERICANO

 
Moisés Mora Cortés
 
@moisesmorac
 
Aunque persisten amenazas de abortar la convocatoria por parte de algunos actores políticos que despachan en palacios gubernamentales, para que el repudiado Alonso Godoy Pelayo siga lavando cuentas públicas, la sociedad civil y especialistas en transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas advierten que esta es la última oportunidad para sepultar el control de los Partidos políticos sobre la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), al tiempo de identificar a Héctor Romero Fierro como el único aceptable, competente y verdaderamente autónomo de los Poderes públicos, entre los aspirantes inscritos en el proceso para renovar la titularidad de esa institución.

No solo distinguen a Romero Fierro su probada calidad moral e impecable fama pública, sino también dos licenciaturas (Abogado y Contador Público-Auditor), cuatro maestrías (Impuestos, Administración, Administración Tributaria y Hacienda Pública) y un doctorado (Derecho), precisamente en temas relacionados con la auditoría y fiscalización de recursos públicos, además de ser corredor público y profesor universitario.

Adicionalmente cuenta con su Declaración 3 de 3, al igual que una certificación en anticorrupción emitido por Transparencia Internacional, junto con nombramientos como perito estatal y federal en ámbitos de auditoría, contabilidad, fiscalización, interventor, fiscal y síndico, entre otros, por lo que no existe aspirante alguno con semejante nivel de competencia académica y probada certificación profesional, además de contar con reconocimiento a su calidad moral e imparcialidad pública.

Todos los demás pretendientes a relevar a Godoy Pelayo se asemejan al cuestionado personaje que aspiran a suceder; son dependientes político-partidistas, cuentan con patrón político-gubernamental, son intrascendentes profesionalmente y de pilón dejaron nefasta huella en su proceder público institucional, puesto que en su mayoría fueron o son funcionarios de gobierno.

Muchos otros son eternos aspirantes a todos los cargos públicos habidos y por haber (Tlacael Jiménez, Jorge Gutiérrez y José Luis Castellanos) a través de la vía de convocatorias públicas a funciones altamente remuneradas, como son para el IEPC, ITEI, Consejo de la Judicatura, Fiscalía Electoral y hasta el TAE, o peor aún, públicamente identificados como empleados de los principales gobernantes actuales (Hugo Alberto Michel y Ruth Gabriela Gallardo), lo que naturalmente los vuelve impresentables e inaceptables.

Así que este es el único e histórico momento para que los legisladores muestren su convicción imparcial e institucionalmente objetiva para decidirse por la única opción ciudadana y ajena a los intereses político-partidistas, como es la propuesta ofrecida por el reconocido abogado auditor y honesto especialista fiscal, Héctor Romero Fierro.