BRASILIA, (Xinhua).- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil que analiza el pedido de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, inició hoy su reunión para aceptar o rechazar la continuidad del proceso, informó el ente Legislativo.

El encuentro donde será votado el parecer del diputado Jovair Arantes favorable respecto a continuar el proceso, dio inicio a las 10:00 tiempo local (13:00 GMT).

El debate comenzó el pasado 8 de abril por la tarde y se extendió hasta el 9 de abril por la madrugada, con fuertes posiciones encontradas entre legisladores, tanto a favor como en contra de la destitución de la mandataria.

Los integrantes de la Comisión Especial retomaron este lunes las discusiones para emitir su voto alrededor de las 17:00 tiempo local (20:00 GMT).

Antes de votar, los diputados escucharán las consideraciones finales del Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, responsable de la defensa de Rousseff.

Para ser aprobado, el informe debe recibir el apoyo de la mayoría simple de los legisladores presentes, es decir, un mínimo de 33 de los 65 que conforman la Comisión Especial.

La posición del colegiado será enviada al pleno -independiente del resultado a favor o en contra-, instancia que abrirá un nuevo debate y definirá si continúa el proceso de juicio político presidencial, lo que será enviado al Senado.

La previsión es que la votación en el plenario ocurra el domingo 17 de abril, de acuerdo con las previsiones del presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha.

Los partidarios del juicio político deben conseguir en el plenario dos tercios del cuerpo Legislativo, es decir, 372 de un total de 513 para que el proceso se remita a la cámara alta, donde ocurrirá el juicio político propiamente dicho.

La solicitud de juicio político contra Rousseff fue presentada a fines de octubre por un grupo de juristas por supuestas irregularidades en las cuentas públicas.

La defensa de la mandataria alega que las acusaciones no comprobaron ningún “delito de responsabilidad” y que el proceso es ilegal.

Ello significa la posibilidad de apelar al Supremo Tribunal Federal (STF) en caso de que el proceso avance en el Congreso.