BRÚJULA PÚBLICA.

Rodolfo Aceves Jiménez.

La controversia constitucional sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no solo tiene de fondo, la seguridad del país. El trasfondo alcanza al tema de seguridad en la relación bilateral de México con Estados Unidos, así como al desarrollo de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (NAFTA, por sus siglas en inglés) y, por tal razón, los actores políticos se encuentran a la expectativa de la resolución de la Corte.

El texto de la LSI que aprobó el Congreso contiene deficiencias que la SCJN no puede omitir. Uno de ellos es, que el legislador tomó el concepto de seguridad interior que se encuentra contenido en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2013 – 2018 y lo elevó a rango de Ley; es decir, utiliza un concepto de consumo interno en los planes y programas de las Fuerzas Armadas para subsanar una deficiencia conceptual, cuando lo correcto debió haber sido que las Comisiones del Congreso incorporaran en la Carta Magna, la función de seguridad interior en el texto del artículo 21, en una oportunidad para reordenar la descuidada seguridad como función de Estado, ausente en la Constitución.

La Corte tiene un doble delicado papel. Por un lado, pronunciarse respecto de la constitucionalidad de una norma necesaria para el país, pero que su contenido no satisface las necesidades de seguridad; por otro lado, del resultado de su sentencia podría depender el posicionamiento del gobierno norteamericano en la fase definitiva de las nuevas negociaciones del TLCAN.

Parece que a la Corte le toca demostrar la lealtad a que se refiere el General secretario Cienfuegos.

@racevesj