Por Israel Quiñones
@IsraelQDigital

Hay diversos temas que definitivamente es prudente marcar en la agenda nacional, aunque está no sea la agenda oficial y en parte tenga relevancia trascendental en el diario acontecer de la vida del país.

Durante el transcurso de este gobierno han ocurrido situaciones de alto impacto dentro y fuera del mismo y que a su vez han creado una polarización de fuertes consecuencias que hasta el momento, la sociedad mexicana no ha podido dejar pasar por alto, ya que hasta la parte más apática ha volteado a ver estos acontecimientos.

En primer lugar, tenemos el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Este asunto que ha marcado de manera profunda la administración de Enrique Peña está en un punto de ebullición, ya que según James Cavallaro, relator en México de la CIDH, declaró que el GIEI no cuenta con las condiciones necesarias para permanecer en nuestro país y el último informe de este Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes, ofrecerá su último informe el día 24 de abril.

La permanencia del GIEI ha resultado muy incomoda para las autoridades mexicanas, ya que desde el comienzo de sus investigaciones acerca del caso Ayotzinapa, desmintió la hoy llamada “verdad histórica” planteada por el exprocurador Murillo Karam, asunto que no le resultó muy beneficioso al gobierno mexicano, ya que tumbaba la teoría que hasta el momento existía sobre la desaparición de los normalistas y al mismo tiempo, alimentó la esperanza en el movimiento de los familiares que buscan a sus seres queridos.

Según la versión oficial, el GIEI tenía permiso de mandato en nuestro país hasta el próximo sábado 30 de abril, pero durante estas semanas pasadas, circunstancias extrañas han envuelto el tema de la CIDH y su relación con el gobierno mexicano, ya que existieron acusaciones serias del gobierno en contra de Álvarez Icaza, actual secretario ejecutivo de la CIDH,  por conflicto de interés, entre otras cuestiones que intentaron derrumbar la calidad moral y jurídica de los enviados de la CIDH en nuestro país.

Es incuestionable que las investigaciones mostradas a la sociedad mexicana por parte del GIEI, derrumbaron las teorías planteadas por la PGR en su momento, esto provocó la ira de Los Pinos en contra de ONU y la misma CIDH, llevando a a cabo una campaña negra en contra de dichas organizaciones.

La realidad de la desaparición de los estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, ha abierto otras puertas que no son menos macabras. La investigación de la periodista Anabel Hernández, publicada en la revista “Proceso”, relatan hechos de tortura en contra de los acusados por la desaparición de los normalistas, es decir, las confesiones que han brindado los acusados (según el reportaje) fueron obtenidas a base de métodos de tortura psicológica y física.

Esto que marcamos en el punto anterior nos da pie para entrar en el segundo tema de está columna, querida, querido lector. Me refiero al tema de la tortura en nuestro país, pues si bien el reportaje de Anabel Hernández nos habla de la tortura ejecutada en contra de los detenidos por el caso Iguala, también vale la pena mencionar el asunto que se volvió viral en redes sociales. En el que podemos observar por medio de un vídeo, la manera en que una mujer es torturada por efectivos del ejercito mexicano.

Este tema ha provocado una gran polémica, de manera en que durante un acto oficial, el secretario de la Defensa Nacional pidió disculpas y llamó la atención a la tropa ahí presente.

Sin embargo, nos encontramos ante actos que se cuentan en las historias negras de las décadas de los sesenta y setenta, historias que siempre van roseadas de un velo negro y dramático y aunque de cierta forma los gobiernos posteriores negaban la aplicación de dichas “técnicas”, la realidad nos dice que nunca han sido erradicadas, simplemente han sido mejoradas, perfeccionadas y más silenciosas.

México está en un momento complejo, ya que nos encontramos en medio una situación compleja, puesto que lo más mencionado sobre funcionarios públicos en la prensa nacional y mundial, son los actos de corrupción y la grave crisis en materia de Derechos Humanos que rodea a la administración Peñista.

Con todas estas muestras, que van desde casas blancas, hasta violaciones flagrantes de los derechos humanos, México se encuentra en la mira del mundo, pero también los efectos están dándose dentro de nuestro territorio, pues la popularidad de Enrique Peña ha caído de forma dramática según las últimas encuestas realizadas sobre este tema.

Entre que la CIDH ha decido acatar y retirar al GIEI, a pesar de la petición de los familiares de los normalistas desaparecidos de que continuaran con sus investigaciones y el hecho que abarca la crisis de derechos humanos, la credibilidad del presidente y su gobierno se desploma, sin embargo, la continuidad de la incertidumbre social está más latente que nunca.