Las conclusiones basadas en estudios, no fueron las emitidas por el IFT

Por: Israel Quiñones.

El pasado miércoles 4 de abril, el Sindicato de Telefonistas organizó un foro sobre el tema de la división funcional de Telmex y Telnor. En dicho evento se contó con la presencia de destacados analistas del sector tales como: Jorge Fernando Negrete, Víctor Pavón, Jorge Bravo y el destacado expresidente del regulador español del sector, Ángel García Castillejo.

Durante el evento, se analizó desde el punto de vista internacional y por supuesto, el de la regulación de la realidad nacional del sector de las telecomunicaciones la decisión tomada por el IFT, acerca, de la división del operador más grande del país y los beneficios o afectaciones que esto puede causar a la sociedad mexicana, puesto que, según los especialistas no existe una justificación regulatoria que avale la decisión del Instituto y, por el contrario, todo se acerca más a una confabulación política, tal y como lo mencionó en su oportunidad el Secretario General del STRM, Francisco Hernández Juárez.

Al día siguiente de este evento, por medio de una columna salió el comisionado Javier Juárez a justificar su voto a favor de la división. Lo cierto es, que no contaba el pleno del IFT con la información suficiente para tomar dicha determinación que afecta a los trabajadores de la empresa señalada como Preponderante y, por supuesto, a la sociedad mexicana en su conjunto, puesto que, jamás tomaron en cuenta en su conjunto, las necesidades técnicas suficientes para dar cumplimiento al artículo sexto constitucional y a las metas trazadas en la misma reforma de telecomunicaciones, que enmarca el crecimiento de la red y el mayor alcance de los lugares más alejados del país.

Por este mismo motivo, lo que el sector de las telecomunicaciones exige es mayor inversión, mayor ampliación de la red e infraestructura, mejoramiento de la tecnología. Lo anterior no será conseguido por una reforma que inhibe la inversión y el desarrollo, dicha determinación del IFT solamente genera la complacencia al sector de la radiodifusión y a la empresa que domina dicho sector, pero que también, dicha empresa se muestra como parte clave del tema electoral que comienza este mes y, que busca la renovación de la presidencia del país, así como, del Senado y la cámara de diputados, por lo que los candidatos requieren y ruegan por espacios publicitarios en los medios de comunicación pertenecientes a Televisa.

Las características que se pretenden alcanzar en las telecomunicaciones del país, mejorarían en mucho la calidad de vida de los mexicanos, además de generar una economía digital rebosante. Los mexicanos serán las victimas de la irresponsabilidad de quererle hacer más longeva la hegemonía a la televisión a un modelo de comunicación obsoleto. No es que la televisión sea un medio en desventaja, sino que, el modelo de televisión mexicana surgido en la década de los años 50, se encuentra de decadencia ante los nuevos modos de comunicación y las redes de comunicación digitales, pero, la sociedad actual requiere de un ecosistema digital que logre interconectar en su totalidad al territorio y cambie la visión de nación, educación, democracia y crecimiento económico.

La experiencia internacional es clara: el modelo regulatorio del Ofcom en el Reino Unido fue un total fracaso. Esto fue ratificado por especialistas como Ángel García Castillejo; sin embargo, el regulador mexicano tomó como ejemplo este modelo de regulación que demostró ser ineficaz. Es necesario reflexionar si los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuentan con la suficiente preparación en el tema para tomar una decisión de tal talante, que afecta el presente y futuro del desarrollo de las telecomunicaciones, por ende, los posibles logros que el IFT pudo haber obtenido durante la primera parte de su institución, quedó borrada después de la reelección de Gabriel Contreras en el cargo de Comisionado presidente del Instituto, pues tal parece que la reconsideración del Senado por Contreras, llevaba un costo implantado.

Las implicaciones técnicas de una separación como la planteada por el IFT, conlleva costos muy altos, en todo sentido. No se realizaron estudios clave como aquellos que verificaban las condiciones de impacto económico del Preponderante y sus afectaciones en el sector y, mucho menos, revisaron las implicaciones laborales que una separación de estas características representaban. En su momento, tomaron como ejemplo la separación de la empresa Telesites de Telcel; sin embargo, Telesites no contaba con más de 50 trabajadores, ni tampoco, con un Contrato Colectivo como el que ostenta el Sindicato de Telefonistas con la empresa Telmex. La regulación impuesta al Preponderante evita que los costos del Contrato Colectivo, así como, las exigencias plasmadas en el titulo de concesión sean cumplidas, esto representa una falta de justificación regulatoria.

Podemos observar como los columnistas afines a Televisa piden sangre telefonista. Tanto, así como, Ernesto Piedras solicitando, mejor dicho, exigiendo una separación estructural del Preponderante, pues según su reflexión, eso solucionaría la discriminación en el acceso a la red de Telmex. La verdad es que no visualiza que la separación funcional y la equivalencia de insumos, generan exactamente el mismo efecto, por lo tanto, el IFT está sobrerregulando al preponderante de forma irresponsable, ya que, como no realizaron los estudios necesarios no pueden acreditar la falta de competencia efectiva en el sector y, peor aún, cuando ni siquiera tienen una definición jurídica de lo que es la “competencia efectiva”.

Lo que queda demostrado por parte de los especialistas en este estudio presentado la semana pasada, es que el IFT no cuenta con los insumos necesarios, ni con el conocimiento, para tomar una decisión como la que votó el 27 de febrero de 2018. El IFT incumplió desde un principio con los resolutivos de la revisión bienal efectuada por el mismo Instituto en 2017. Queda claro, que las declaraciones emitidas por los especialistas y por Hernández Juárez en el foro del pasado 4 de abril en el STRM, de que el IFT definió un asunto técnico políticamente, es la realidad que rodea esta regulación.

@IsraelQDigital

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