@IsraelQDigital

Hoy cruzan por mi mente un montón de episodios de la historia de América Latina y también, otros tantos de los pasajes históricos de nuestro país en los que militares tomaban las riendas de la vida pública y de ese modo se creaban las dictaduras más crueles de la historia del continente.

El pasado 21 abril, fueron aprobadas una serie de reformas en la cámara alta, las cuales procedían de la cámara de diputados. La cuestión aquí, es el contenido de dichas minutas que llegaron y se aprobaron en lo “oscurito”, pues dichas reformas van encausadas al código de justicia militar y al de procedimientos penales, es decir, se trata de empatar a la justicia militar con el nuevo sistema penal acusatorio.

La realidad de este tema radica en los términos dictatoriales y represivos que van envueltos en dicha reforma, ya que el ejército o en este caso el representante de la justicia castrense, toma poder sobre leyes civiles, a tal grado que sin más ni más, los militares pueden catear propiedades civiles y hasta recintos legislativos.

No tengo ni la menor idea de quien pudiese haber sido el autor intelectual de tales medidas, sin embargo, estamos a un paso de un estado controlador y dictatorial, que puede tomar las riendas de las libertades fundamentales en sus manos, al grado de violar la misma constitución mexicana a niveles graves e irreparables.

Es necesario que la sociedad tomé conciencia de la situación tan grave que está por enfrentar, ya que las ansias de control sobre las libertades y derechos individuales, se han convertido en verdaderos objetivos para ciertas cúpulas del poder, pero lo más apremiante es, que en este caso, los medios masivos permanecen callados e impávidos.

La aprobación de dicha reforma es cortesía de los Partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, ya que estas dos instituciones por medio de sus representantes en la cámara de senadores dieron los tintazos finales o mejor dicho, se dispararon en el pie.

La gravedad que implica en que las fuerzas militares puedan tomar sin mayor reserva los recintos legislativos, da un obvio paso a una actitud golpista y para estos casos ejemplos sobran, sin embargo, pareciese que los legisladores no leyeron o en su defecto, no fueron conscientes de la aprobación que hicieron.

Me vienen a la mente historias como la de Víctor Jara en Chile, cuando el golpe militar o como las dictaduras militares argentinas, o quizá peor, pero lo realmente preocupante, es notar que el estado y sus dirigentes políticos mueren por callar a la sociedad pensante, que la corrupción y sus derivados han carcomido al sistema hasta el tuétano.

Es posible que no se tome en cuenta la carta que el alto comisionado de la ONU-DH dio a conocer como posicionamiento en contra de estas peligrosas reformas, ya que según está representación internacional en México se pronunció en contra el pasado 25 de abril, puesto que los argumentos de dicha entidad hacen saber que se trata de una violación flagrante a los derechos humanos y a la misma constitución mexicana.

¿Hasta dónde son capaces de llegar los partidos? Esto ya no se trata de ideologías, mucho menos de posicionamientos políticos o filosóficos, se trata de la retención del poder al modo que sea y a su vez perpetuarse en el mismo a base de represión e intimidación al modo más extremo y reaccionario que pueda existir en un país que se dice democrático.

Me vienen a la mente criticas al régimen cubano de los hermanos Castro, al de Hugo Chávez en Venezuela, pero los políticos mexicanos, han resultado aspirantes a señores feudales, dispuestos a todo, con tal de permanecer impunes y sin señalamientos en sus sillas de piel.

Hemos caído bajo, definitivamente, se ha llegado muy lejos, pues con leyes como la “ley Atenco” y mostrando entusiasmo por una especie de estado de excepción, son muestras que de seguir por este camino legislativo, muy pronto no tendremos libertad de expresión, ni libertad de transito, mucho menos, libertad para manifestarnos o de agruparnos.

No estamos en un retorno al porfirismo, nada de eso. Más bien, nos encontramos en un retorno a la Santa Inquisición del Virreinato colonial del siglo XVII.