¿México requiere de una austeridad ambiental?

Por: Ricardo Medina Calvario. (IICCB)

Va una anécdota. A mitad del sexenio 2000-2006 en el entonces D.F., se
comenzaba un auge en la construcción de vivienda, principalmente en el centro
de la ciudad. Para construir, inmobiliarias y constructoras se topaban con que
tenían que elaborar un estudio y conseguir una autorización desconocida o
pasada por alto en ocasiones anteriores, denominada impacto ambiental.

Además del tiempo de elaboración y costo del estudio, tenían que esperar a que
la autoridad ambiental analizara y emitiría la tan ansiada autorización, situación
que en el mejor de los casos sucedía en unos seis meses. Cuando por fin se
obtenía, habría que esperar unas horas más en las oficinas de la autoridad
ambiental para recibir el documento ya que por la austeridad republicana que se
ejercía, solo existía una impresora. Seguramente mucha gente exigió poner un
remedio, tomar diversas acciones era quizá lo indicado, desde dar una mayor
información acerca de todos los tramites a realizar, capacitar al personal que
llevaba a cabo la revisión de estudios, formular un padrón eficiente de
consultores y porque no adquirir mayor personal y equipos para hacer más
eficiente el trabajo. ¿Qué se hizo?, se eliminó el trámite y todo aquel que quisiera
construir vivienda era digno de confianza, dejando en sus manos la conservación
y protección de los recursos naturales por afectar. El fracaso fue enorme, una
mala austeridad triunfó en aquella ocasión. Hoy en día nuevamente hay que
conseguir una autorización en materia de impacto ambiental, bien por el medio
ambiente, mal porque siguen las ineficacias burocráticas.

Austeridad es sencillez, moderación, acatamiento de las normas morales, es una
virtud, pero nunca a costa de la eficiencia y menos aún de una conservación y
aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales; debemos tener
mucho cuidado en no dejar ejercer una política de austeridad económica en la
cual se establezca una reducción del déficit público a través de la disminución
de servicios y beneficios públicos otorgados al pueblo y puedan trastocar los
servicios ambientales.

El tema ambiental es de suma importancia, al nivel de seguridad nacional, y a
la par de la educación, salud y seguridad pública, lamentablemente con lo que
tenemos, presupuestos cortos (a manera de ejemplo, para el año 2014 la
SEMARNAT recibió 70,000 mdp y para este 2018 34,000 mdp) y falta de políticas
públicas transversales, es difícil transitar a la publicitada y necesaria
sustentabilidad.

Considerando lo establecido por la ONU, México debe alcanzar diversos objetivos
a través de la implementación de ajustes profundos en las políticas económicas,
sociales y ambientales, reconociendo a los recursos naturales como la base
material del desarrollo, estableciendo metas concretas para su conservación y
uso sustentable. Tenemos que poner en la con-ciencia de los gobernantes y
autoridades, así como de la población en general, el terminar con la pobreza en
México; terminar con el hambre y mejorar la nutrición, promoviendo la
agricultura sustentable; alcanzar vidas saludables; proveer educación de calidad
y oportunidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos; alcanzar equidad de género; empoderamiento de la mujer; asegurar disponibilidad y uso sustentable del agua y servicios de saneamiento para todos; asegurar energía sustentable para todos; promover crecimiento económico sustentable, incluyente y sostenido; empleo pleno, productivo y digno para todos; promover
infraestructura e industrialización sustentable e innovación; reducir
desigualdades; convertir en seguras, incluyentes, sustentables y con movilidad
a las ciudades y a los asentamientos humanos; promover patrones de consumo
y producción sustentables; atacar el cambio climático y sus impactos; conservar
y promover el uso sustentable de los océanos, mares y recursos marinos;
proteger y promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres; detener
la desertificación, la degradación de la tierra y la pérdida de la biodiversidad;
alcanzar sociedades pacíficas e incluyentes; acceso a la justicia para todos, con
instituciones efectivas y capaces, con un tema central y fundamental, que quien
ejecute la inspección y vigilancia de las diversas leyes ambientales debe tener
todos los elementos técnicos, de personal y jurídicos para realizar este trabajo.
Para ejecutar, no solo proponer, todo lo mencionado, se requieren recursos
económicos, eficiencia en el gasto, mayor inversión para el sector, fortalecerlo.
A manera de ejemplo, las áreas naturales protegidas en nuestro país se
incrementaron en tres veces su superficie, requieren de presupuesto y personal
para su vigilancia, se trata de nuestro patrimonio natural, para lo cual la
CONANP, quien administra estos territorios, requiere gente de campo, aunado
al personal de escritorio.

Si bien es cierto, la población en general estará de acuerdo en manejarse con
austeridad, transparencia y con ello sembrar las bases para erradicar la
corrupción, impunidad y desigualdad, no puede alentarse la idea de que las
transformaciones se darán a partir de consultas populares, la trasmisión por
osmosis (hablando biológicamente) de la honestidad o partiendo de la idea
solitaria de un Tlatoani, que puede dejarse llevar, llegar al exceso.
Un plan de austeridad debe pasar por un análisis del quehacer y pertinencia del
poder legislativo, judicial y ejecutivo, quedarse con lo bueno, hacerlo más
eficiente, eliminar lo duplicado, los bonos, los salarios altos sin trabajar, pero no
eliminar el gasto, sino volverlo INVERSIÓN, con tecnología, con innovación, con
personal capacitado, bien pagado (promesa de campaña), suficiente, eficiente,
educado, permitiendo un buen federalismo, no con concentración de poder y
creación de todólogos. Las buenas intenciones del nuevo gobierno deben ser
sometidas a análisis riguroso, tanto en su factibilidad presupuestal como en sus
consecuencias futuras. La austeridad no debe ser cobijo de ineficiencias e
improvisaciones muy comunes cuando se emplea a personal no calificado. Es
probable que los mejores cuadros del gobierno, al no ver ningún incentivo de
trabajar de lunes a sábado, sin horarios específicos de entrada y de salida y con
enormes responsabilidades, se vayan a la iniciativa privada. Los que se queden
podrían buscar complementos de su sueldo en otros lados.
Ideas geniales surcan al medio ambiente que nos rodea, una de ellas llevar a la
SEMARNAT a un paraíso como lo es la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, sin embargo, esto implica, junto con las demás secretarias de estado, un gasto de $125,000 mdp. de acuerdo al Proyecto de Nación 2018.

No solo es llevarse un “edificio”, es llevarse a la gente, una estructura interna,
condiciones y derechos adquiridos por los trabajadores que implican riesgos
legales. La ciudad sede de cada secretaria, requiere un esquema de
profesionalización de la población que pueda y quiera participar en las funciones
de gobierno, capacidad física de la ciudad para recibir a los nuevos colonos, léase
infraestructura, escuelas, vivienda, servicios médicos, vialidades, que culpa
tienen los pobladores de esa región?

Para el medio ambiente y sus recursos naturales y sociales, no es ninguna buena
idea ahorrarse presupuesto a través de la eliminación de delegaciones federales,
y la creación de Coordinadores estatales de programas de desarrollo, los cuales
dependerán del ejecutivo y cuya función será de formular y gestionar los
proyectos federales de alcance estatal.
Se requiere una relación gobierno federal-estados armoniosa y eficaz. Bien
ejercidas, las funciones de coordinación y vigilancia de los delegados pueden
resultar muy útiles y abonar en la optimización de los fondos federales. Se debe
tener cuidado al nombrar un solo funcionario (coordinador) que concentraría un
gran peso respecto de los poderes locales y que ofrecería una visión única sobre
asuntos cuya diversidad hace prácticamente imposible que una sola mujer u
hombre pueda entender, asimilar y transmitir. Aun cuando se tengan equipos
especializados, la multiplicidad de los asuntos gubernamentales y
particularmente ambientales (impacto y riesgo ambiental, cambio de uso de
suelo, ordenamiento ecológico, zona federal marítimo-terrestre, residuos,
auditoría ambiental, cambio climático, playas, biodiversidad, agua, suelo, aire,
inspección industrial, etc., etc.) poco aconsejable es la unicidad en la
representación. Se debe definir un cierto número de áreas y nombrar, de
acuerdo con las particularidades del cada estado, un titular específico para cada
una, estableciendo un total máximo y razonable.

BIÓL. RICARDO MEDINA CALVARIO.
Presidente del Instituto de Investigación y
Capacitación para las Ciencias Biológicas, A.C.

 

Ricardo Medina Calvario2 Posts

Biólogo, consultor en Medio Ambiente, Presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, A.C.

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