Jesús Pérez Loza
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Si bien la doctrina del filósofo francés, Montesquieu, y la Constitución del país, establecen la separación de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la verdad es que aquí en México, esta autonomía o independencia no se cumple, porque se finge o no se realiza cabalmente, ni en el ámbito del gobierno federal ni en el de los Estados de la República.

La sujeción del Poder Legislativo y del Judicial al Ejecutivo, se da por dos vínculos muy poderosos, como lo son el del presupuesto y el de la política. La política es la más determinante, porque el ingreso de ministros, magistrados y jueces, preferentemente beneficia a personas que tienen trayectoria política y no a profesionales o especialistas en Derecho. Es más exitoso tener relaciones con el PRI, el PAN o el PRD, para acceder al Poder Judicial, que tener una sólida formación y trayectoria jurídica.

Aquí en Jalisco, en el siglo XX, en el sexenio del gobernador Flavio Romero de Velasco, tuvo que renunciar a presidir el Supremo Tribunal, el magistrado Jorge Saracho, por conducta irregular que denunciaron sus mismos pares, los magistrados Jaime Cedeño Coral, Arnoldo Valencia Morfín y Sócrates Eloy Gutiérrez de Velasco.

Ahora en este siglo XXI, apenas hace unos días, en este sexenio del Ejecutivo Aristóteles Sandoval, se ha visto obligado a separarse de la titularidad del Poder Judicial, el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, por sus antecedentes criminales y por interceder a favor de unos delincuentes.

En ambos casos, el ingreso a la magistratura tuvo un origen político, por ello la conducta que asumieron no fue la adecuada al alto nivel de su cargo, debido a que se desviaron al atender asuntos no propios de su responsabilidad.

Por ello, urge que sea una realidad la triple división y autonomía del Poder público, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para que la administración de justicia sea eficaz y no sea ejercida por políticos sin vocación, ni adecuada formación ética y jurídica.