BRÚJULA PÚBLICA

Rodolfo Aceves Jiménez.

A propósito del proceso electoral local que se vivió en el año 2016 en 14 entidades federativas del país, hay quien entonces se manifestó en que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sea la instancia que produzca un protocolo que ayude a evitar la postulación de candidatos vinculados con el crimen organizado.

Sin embargo, la propuesta no le correspondería a la Comisión Bicameral, sino a las autoridades de Inteligencia y al Ministerio Público de la Federación, y de ser el caso, proceder ante las evidencias de que un candidato sea postulado o patrocinado, por fuerzas o intereses ajenos a su propio Partido político. Y no
le corresponde porque entre sus funciones se encuentra el contrapeso político a las funciones de inteligencia que realiza el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, por tanto, carece de atribuciones de investigación y persecución de delitos.

Hay quien ve en las instituciones, como la Procuraduría General de la República o alguna Fiscalía en los Estados, la instancia indicada que les extienda un certificado de buena conducta política, y con ello, seguir
aspirando al siguiente cargo de elección popular. Entre los temas que podría abordar la Comisión Bicameral se encuentran, el desarrollo político, económico y social de los habitantes del país, basado en la preservación de la democracia.

Por ejemplo, la corrupción, la paridad del dólar, el avance de la desertificación de la Cuenca Lerma – Chapala – Santiago o un escenario como el rescate bancario que dio origen al Fobaproa, son temas de la agenda de seguridad nacional, porque involucran factores políticos, económicos y sociales que
pondrían en riesgo las mismas estructuras del Estado mexicano.

Por estas razones es que sería encajonar a la seguridad nacional en un tema político y partidista al blindaje de las candidaturas, cuando gran parte de la responsabilidad recae en la exigencia de sus dirigencias hacia sus cuadros políticos, no a las instituciones del Ejecutivo Federal.

@racevesj