BRASILIA (Xinhua) .- La Comisión Especial que analizó el pedido de “impeachment” contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff aprobó este lunes por 38 votos a favor y 27 contra el informe del diputado Jovair Arantes que recomienda al plenario de la Cámara de Diputados dar continuidad al juicio político de la mandataria.

El documento será enviado al plenario de la Cámara, donde serán necesarios los votos favorables al impeachment de por lo menos 342 de los 513 miembros del cuerpo (dos tercios) para que el proceso sea remitido al Senado.

La victoria más ajustada que lo esperado de los partidarios del impeachment en la Comisión Especial deja dudas sobre la capacidad de la oposición de reunir los votos necesarios en el plenario.

El debate, con intervenciones acaloradas a favor y en contra del proceso, se extendió este lunes por tres horas más de lo previsto, por lo que la votación se realizó sólo a las 20.30 horas locales (GMT), cuando inicialmente estaba programada para las 17 horas (20 GMT).

La expectativa es que el informe recomendando avanzar en el juicio político sea leído en la primera sesión plenaria de la Cámara, el martes.

Una vez leído, será publicado, probablemente el miércoles, lo que iniciará el período reglamentario de 48 horas para que sea votado por el pleno.

Las discusiones sobre el juicio político se iniciarán el viernes y la previsión es que la votación termine el domingo.

El diputado Jovair Arantes, del Partido Laborista Brasileño (PTB), relator en la Comisión Especial, corroboró en su parecer la acusación de que Rousseff cometió crimen de responsabilidad por el llamado “pedaleo fiscal” y la autorización créditos adicionales sin autorización del Congreso.

Afirmó que los atrasos de los pagos a los bancos públicos, que justificaron la acusación “constituían un ingenioso mecanismo de ocultación de déficit fiscal, con valores muy significativos a partir de 2013”.

Apuntó que los atrasos representan préstamos irregulares contraídos por el gobierno, lo que puede configurar “crimen de responsabilidad”.

La defensa de Rousseff, por su parte, a cargo del Abogado General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, pidió ante la Comisión el archivamiento del proceso por falta de base legal y por estar “viciado” desde su inicio.