Rodolfo Aceves Jiménez
@racevesj

La captura del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, es vista como un burdo engaño y una tomada de pelo por la opinión pública. Ambos son en este momento, prófugos de la justicia por diversos delitos en contra de la administración pública y su despacho.

La percepción de la opinión pública indica que es una tomada de pelo, en virtud a que el modus operandi con el que la Procuraduría General de la República (PGR) lo señaló por delitos contra la delincuencia organizada, en el que elaboró una red de prestanombres en quienes operó la confianza de retirar fuertes cantidades de dinero e invertirlas a esos nombres.

Aquí la pregunta es, ¿cuántos personajes de la clase política, sindical o empresarial usan el esquema de prestanombres para sustraer u ocultar dinero procedente de recursos públicos? Quizás esta sea la razón por la que empresarios y personajes políticos optan por migrar dinero a paraísos fiscales o involucrar a su familia y amigos cercanos.

La misma opinión pública cree que la fuga de los exgobernadores fue como consecuencia de un pacto de impunidad política, cuando Duarte se entrevista con uno de los titulares de la seguridad nacional mexicana como lo es, el secretario de Gobernación, en la víspera de su fuga. Recordemos que El Chapo duró 13 años fugado y el director de la Policía de Iguala, 2 años.

Por ahora Duarte y Padrés son un riesgo para la clase política, porque evidenciaron parte del mecanismo usado para sustraer recursos públicos de manera ilegal, pero abrieron una ventana de oportunidad para que la transparencia y el combate a la corrupción, impongan restricciones en la apertura o movimiento de recursos bancarios.