ANDARES POLÍTICOS
Benjamín Torres Uballe
@BTU15

El tema es espinoso. Tabú durante tiempos inmemoriales. Sin embargo, es una realidad que no se puede ni debe evadir. Es imposible que el asunto del matrimonio gay siga en la indefinición jurídica en la mayoría de los estados de la república mexicana. Inadmisible de obviar. La sociedad y el gobierno no pueden mirar a otro lado. Enfrentar y discutirlo resulta imperioso y urgente.

Por ello, adquiere especial importancia la decisión del presidente Peña Nieto, al impulsar dos  iniciativas para legalizar esa clase de uniones. La habían rehuido sistemáticamente todos los mandatarios anteriores, unos por no estar dispuestos a pagar el costo político que ello implica, otros por “mochos”, algunos por homofóbicos, varios debido a las presiones sociales y del clero, pero no pocos por “machos” y una profunda ignorancia de lo que significa pluralidad.

Cuando la medida para avalar los matrimonios igualitarios se fue postergando, crecieron la discriminación, la desigualdad, la violencia y la segregación hacia quienes, de facto, ya realizaban ese tipo de convivencia. La cerrazón de muchos sectores e individuos simplemente colaboró a que el ya de por sí enorme sentimiento homofóbico se exacerbara en determinado momento.

Hoy la sociedad, el pensamiento y los tiempos que viven México y el mundo se han transformado. La tolerancia en aspectos relevantes de la dinámica cotidiana abrió sus puertas y posibilitó el debate al poner sobre la mesa argumentos a favor y en contra, buscando hacer visibles legalmente a mexicanos que por años han tenido que enfrentarse a la sordidez de toda clase de obstáculos legaloides. Pareciera que con la resolución del Presidente el camino se allana para otorgar seguridad y sacar del limbo jurídico a muchos connacionales afectados.

No obstante la hábil maniobra política de Peña Nieto —que fue recibida con simpatía por la poderosa comunidad gay—, existen sectores en el país que se aferran al pasado, a condenar a priori, de forma sistemática, todo lo que les parece inmoral, claro, según su propia definición.

Sólo hay que ver, a manera de ejemplo, la postura del Episcopado Mexicano: “En una sociedad en la que ya no se advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad, reconocemos la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad”. ¿Qué tal?

La Iglesia, desde luego, es la menos indicada para objetar los matrimonios igualitarios, y la razón es muy sencilla: carece de una autoridad moral inmaculada para hacerlo. Sólo hay que recordarle todos los ignominiosos casos de pederastia en que se han visto involucrados sus sacerdotes —Marcial Maciel, entre otros—; también el elevado número de curas que tienen hijos y viven una doble vida con sus parejas, pero quizá el motivo más contundente que los exhibe en una condenable doble moral: los clérigos homosexuales en esa organización católica.

“¿Quién soy yo para juzgarlos?”, dijo el papa Francisco a comunicadores durante un vuelo de regreso a Roma, cuestionado sobre el tema. “Si una persona es gay se acerca al señor”, enfatizó el Sumo Pontífice. Visión muy diferente del líder de la iglesia Católica respecto a la intransigencia de los obispos mexicanos para aceptar el matrimonio gay y quienes pareciera querer ver únicamente la paja en el ojo ajeno. Total, allá su obcecación y su doble moral.

EL DESPRESTIGIO DE LA JUSTICIA EN MÉXICO

El lastimoso “prestigio” de la justicia mexicana nos mostró esta semana otro más de sus oscuros pasajes. Sucede que integrantes de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenaron liberar a Raúl Martínez Gutiérrez, El Santero, que tuvo participación en el secuestro de las hermanas Laguna Aburto, a quienes los delincuentes mutilaron varios dedos de las manos.

Los impartidores “de justicia” tratan de escurrir el bulto y echan la bolita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, por el amparo otorgado el 21 de abril de 2016. La podredumbre de los señores magistrados, al alza. Por cierto, a propósito de ministros, ¿saben ustedes que los recién retirados Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza disfrutan cada uno de una pensión mensual por 258 mil 679 pesos?

@BTU15