Las restricciones regulatorias resultan ser medidas injustificadas ante el crecimiento y evolución del sector, además, de quedar en medio de una línea muy cercana a la expropiación privada de la red que ha construido Telmex. El hecho de dejar el acceso a la red por debajo de los costos, resulta ser una medida que favorece a dos empresas del sector solamente y no se cumple con las metas trazadas por la reforma y, mucho menos, con lo dispuesto en el artículo sexto constitucional.

La movilidad y evolución del sector de las telecomunicaciones en el planeta, se ha posicionado como parte del motor que mueve a la economía y México no es la excepción.

La decisión de la división de Telmex debió haberse estudiado con mayor profundidad y, observar la relevancia y afectaciones no sólo en el sector de las telecomunicaciones, sino que, en todo el espectro económico del país, ya que, el efecto de una regulación inadecuada podría provocar una parálisis en el crecimiento económico y la afectación de negocios que dependen de la conectividad.

Con la creciente demanda de tecnología y el avance vertiginoso de la misma, el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en un referente de la innovación, por lo tanto, la regulación mexicana que, a su vez, copia el modelo británico, se ha quedado rezagada y está tratando de regular el pasado del sector, mismo que, no tiene nada que ver con lo que actualmente está ocurriendo.

El IFT bajo la presidencia de Gabriel Contreras, se ha convertido en la vía de pago a los operadores interesados en la caída de Telmex, peor aún, Contreras se ha encargado de pagar por medio del regulador las facturas políticas que le debe a la telebancada por su reelección en el cargo al frente del regulador y, con esto, la influencia de decidir al vapor y con tres comisionados fuera del país la división de la empresa definida como preponderante, con ello, abrir el umbral a un conflicto laboral de grandes proporciones por las afectaciones que esta mala regulación puede traer a los telefonistas.

El IFT no respetó los principios regulatorios inscritos en la misma LFTR, ya que, por el hecho de que la imposición de división funcional a Telmex interfiere con el cumplimiento de su titulo de concesión, ya que, por el mismo la empresa es de servicio público, de manera que con la regulación decidida por el IFT el cumplimiento del mismo se convierte en un disparo en el pie, es decir, si se invierte en el crecimiento de la red para interconectar a un mayor número de poblaciones, el mismo regulador seguirá incrementado las medidas asimétricas en contra de la empresa definida como preponderante, por lo que, de seguir por este mismo carril, la desinversión en la red será fatal para el país y se incrementará el numero de mexicanos sin acceso a la red, numero que según la propia información del regulador haciende a más de 50 millones de ciudadanos.

Ahora si salen los defensores de Televisa a pedir más, como el no lector de documentos de la OCDE, Gerardo Soria, que en su columna publicada en el periódico “El Economista”, pedía a plumazos que a Telmex no se le de la posibilidad de ofertar servicios de convergencia, como, la televisión de paga. Lo que ignora el señor Soria, es que como lo señalé al principio de este párrafo, la misma OCDE pide que con la resolución de división funcional, América Móvil cuente con la concesión única y compita con equidad en el sector, de esta forma, continuar con la inversión en el sector e impulsar la convergencia en el país; sin embargo, la misma división funcional que plantea el regulador, no es más que una tormenta perfecta para el desarrollo económico, no sólo del sector, sino, que de todo el modelo económico del país.

En un tema tan complicado, como lo es este de la regulación del sector de las telecomunicaciones, la falta de precisión puede ser un factor fatal, no sólo para Telmex, sino que, para todo el desarrollo de México. No hay manera de que un plan de negocios pueda soportar vender por debajo del costo marginal y, la experiencia internacional es clara en este asunto. Por ejemplo, British Telecom es lo más desastroso que ha sucedido en este plano en el mundo y, los problemas en lugar de disminuir, se han acentuado, al punto en que, la misma corona británica ha tenido que salir al quite con los trabajadores del sector y por medio de esta, garantizar los derechos de los mismos.

Según los mismos principios capitalistas del modelo económico nacional y regulatorio, este modelo impuesto por el IFT no debe ser confiscatorio y, es exactamente lo que esta haciendo con la imposición votada el 27 de febrero. Esta separación representa una inversión nula de recursos publico privados y, en su lugar, tenemos un gran gasto que seguramente acabará mal y de malas, dejando un campo minado para cualquiera que deseé incursionar en este sector con inversión, puesto que, no deja certidumbre jurídica a su paso, sin mencionar las implicaciones laborales que esto significa.

El mismo Sindicato de Telefonistas argumentó ante los comisionados del IFT por distintos medios, lo que significaba esta decisión para los mexicanos y, el proceso que los trabajadores telefonistas han comenzado, no sólo se trata de salvaguardar sus derechos laborales individuales y colectivos, también va en la línea de incorporar a millones de mexicanos a que cuenten con acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, tomando en cuenta que, el rumbo del desarrollo social, económico, educativo y hasta político va por este carril, además, de empoderar el acceso a la información y el fortalecimiento de la libertad de expresión, conceptos que al parecer el IFT jamás tomo en cuenta en un análisis muy precario y basándose solamente en una decisión e imposición política para cumplir con los patrocinadores de Contreras.

¿Porqué mejor no copiamos el modelo regulatorio español? Un modelo que pondera la generación de empleos por medio de la construcción de infraestructura por todo el país. Sin duda alguna, el modelo regulatorio español sería el más efectivo para interconectar a millones de mexicanos, pues, los concesionarios tendrían realmente que competir por los clientes por medio de la construcción de infraestructura y el crecimiento de la red. Pero, eso es lo que no se quiere, pues dentro de la misma versión estenográfica del pleno del IFT del 27 de febrero de este año, se pondera que el acceso a la red de Telmex generará ahorros inmensos para los demás concesionarios. Es decir, que los comisionados reconocen que las otras empresas competidoras en el sector de las telecomunicaciones no quieren invertir ni un peso en generar infraestructura y mayor penetración de banda ancha fija, sólo quieren tener acceso a la red y ganancias limpias sin inversión.

Queda claro que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones no está interesado en que México tenga tecnologías de la información y comunicación de primer mundo y baratas, su consejero presidente sólo demuestra estar interesado en cubrir las facturas con aquellos que le dejaron continuar al frente del IFT, esto, a costa del desarrollo de México.

@IsraelQDigital