La responsabilidad del IFT se refleja en 50 millones de mexicanos desconectados por una mala regulación.

Por Israel Quiñones.

Esta semana da comienzo la asamblea nacional de los telefonistas de cara a la revisión contractual, misma que, se ve marcada por dos emplazamientos a huelga: uno por violaciones al Contrato Colectivo de trabajo, esto, derivado de la decisión del IFT de división funcional de la empresa Telmex y dos, el emplazamiento que deriva de la misma revisión contractual, emplazamiento que prácticamente es un requisito ante la secretaría del trabajo y previsión social.

Aunque hay voces que piden a gritos una separación estructural de la empresa y, que, con esto, la discriminación de acceso a la red de Telmex quedaría completamente resuelta, la realidad es que no están tomando en cuenta el daño tan grande que se le está haciendo al sector de las telecomunicaciones en el país. Es decir, la inversión para el crecimiento de la infraestructura y la red en beneficio de los más de 50 millones de mexicanos desconectados, será inhibida por una regulación sin una justificación clara, ya que, la intrusión del estado mexicano en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación se verá completamente afectado, pues, si por invertir y crecer se le castiga a Telmex, ¿quién va a invertir en el despliegue de fibra óptica necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías?

La teoría económica de la regulación se basa más que en otra cosa, en beneficiar al consumidor final y, en el caso de las telecomunicaciones, se persigue lo mismo; sin embargo, al tratarse de un sector con una inversión constante y un capital dinámico, la teoría no es tan simple de aplicar. En el caso de México, no sólo no se aplicó bien la teoría, sino que, la regulación no fue decidida por elementos técnicos o con una justificación económica demostrada desde el aspecto empírico y científico avalado por un estudio del sector, solamente se decidió desde el punto de vista político y con la frívola meta de beneficiar a Televisa y a AT&T, para que no realizaran grandes inversiones en el despliegue de redes e infraestructura.

Por otro lado, el aspecto laboral que envuelve a Telmex, se ha convertido en el punto toral del asunto. El Sindicato de telefonistas ha interpuesto dos amparos en materia laboral, así como, los dos emplazamientos a huelga antes mencionados al principio de este texto. Cuando se toma como ejemplo la separación funcional de Telesites de Telcel, es obvio que, aquellos que mencionan como ejemplo este episodio no toman en cuenta el Contrato Colectivo y la cantidad de trabajadores representados por el mismo, además, de la diferencia en la cantidad de inversión que significa cada empresa.

La tendencia a la automatización a tener acceso al internet de las cosas y con ello, a las Ciudades inteligentes, no podrá ser posible sin un buen despliegue de fibra óptica que facilite la conectividad móvil para alcanzar un desarrollo de primer mundo, pero esto, no puede ser alcanzado, si no resolvemos primero el acceso a la conectividad de los que no tienen un acceso decente a la red. Esto, representa el verdadero reto de una regulación responsable y no, el de una regulación hecha por comisionados comprometidos de forma política con quienes los colocaron en ese lugar.

La complejidad que representa la separación de una empresa del tamaño de Telmex, radica primordialmente en los costos que mal planearon en el pleno del IFT. En teoría, una separación funcional no debería afectar los derechos laborales, ni la eficiencia de la empresa en la recuperación de costos, en este caso ocurre todo lo contrario, ya que, el modelo regulatorio utilizado para efectuar la separación funcional de Telmex, no es más que una adaptación mal hecha de la que se efectuó la década pasada en Inglaterra, separación que para nada representa el éxito y la eficiencia.

Los comisionados del IFT alegan que no contaban con la información suficiente para tomar la decisión de la separación funcional, sin embargo, según se ha informado, la empresa Telmex entregó al Instituto la información suficiente relacionada con los costos reales de la empresa el 14 de febrero de este año y, los comisionados del IFT no tomaron en cuenta dicha información que era relevante para poder definir el proceso regulatorio adecuado para no afectar a los mexicanos en su inserción a las TIC.

La voz de los trabajadores por medio de la organización sindical es la que se ha hecho escuchar, de manera legal y técnica, los telefonistas han impulsado por medio de propuestas como un estudio realizado por Víctor Pavón y Ángel García Castillejo, la comprobación de que la separación funcional no es la solución para mejorar la competencia en el sector de las telecomunicaciones en México, sino que, es sólo una excusa del IFT para pagar la factura política que Gabriel Contreras le debe a la telebancada en el Senado por su reelección como Comisionado presidente del Instituto.

La complicidad no sólo se logra en la ejecución de un delito, también se conjura al momento ser omiso ante la realidad y la verdad de los hechos. La complicidad del IFT, va más allá de la votación, también radica en el freno que, por medio de la inhibición de la inversión, le están poniendo al desarrollo de la conectividad y 50 millones de mexicanos son los afectados hasta el momento de la falta de inversión en infraestructura de redes.

@IsraelQDigital

 

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