Ha llegado el tema de las telecomunicaciones a las campañas y con ello, la tención por colocar la agenda de cada operador y radiodifusor en la mira de los candidatos y, que especialmente el puntero adopte las medidas como parte de su plan de gobierno para los siguientes 6 años. El problema radica, en que los operadores ven sólo intereses grupales y no, la necesidad de mejorar los servicios y la expansión de las redes e infraestructura, para alcanzar una conectividad de más del 80 por ciento del país.

La posibilidad de superar los retos que representan el conectar a México por completo a la red, significa, mirar el futuro del sector de las telecomunicaciones en convergencia y no, quedarse inmerso en un proceso regulatorio mutilador de inversión, aspecto fundamental para el desarrollo digital del país.

La batalla electoral ha desatado conflictos partidistas y hasta empresariales, pero en todos los casos y más en esta búsquedadel poder en el proceso electoral, la meta debe referirse a la reconstrucción del tejido social y la reactivación económica de México, dejando de lado la exclusión de buena parte de la población. Un mecanismo para alcanzar esta meta radica en las telecomunicaciones y la responsabilidad social que los operadores del sector deben adoptar para tener la disponibilidad de agrandar la red que permita incluir a todos los ciudadanos mexicanos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tal y como lo marca el artículo sexto constitucional.

Las TIC en sí mismas, no deben ser el fin a alcanzar, son instrumentos para modernizar el Estado, incrementar la productividad y acortar las diferencias entre grandes y pequeñas empresas, mejorar la eficiencia de las políticas sociales y aumentar la equidad. Lo anterior, debe mantenerse como una clara visión convergente en una política digital vanguardista, es por esto, que la importancia de generar una regulación con miras convergentes y no intrusivas, se convierte en una política prioritaria para el regulador y que el gobierno genere las condiciones políticas acordes a la realidad y urgencia del país.

Las agendas digitales que hasta hoy han presentado candidatos y organizaciones empresariales, no son más que buenas intenciones, lo que se necesita es impulsar la correcta aplicación de iniciativas digitales que realmente refuercen el crecimiento de usuarios finales en la red, que la inversión de los operadores sigan creciendo y, conformen una gran red que interconecte a todo México, pues resulta que, el mayor obstáculo para este fin es el regulador, ya que, con políticas regulatorias intrusivas y confiscatorias, ha determinado que el único operador que cuenta con una concesión de interés público, no pueda invertir como se debe por que, si lo hace, agranda su preponderancia en el sector y no le retirarían la ya de por sí endurecida asimetría para beneficiar a una competencia parasita que, no compite por los clientes, sino que, espera seguir siendo subsidiada por el preponderante.

Si bien es cierto que, los esfuerzos de inversión deben ser públicos y privados, la realidad confirma la ineficiencia del sector público para abonar al crecimiento y calidad de las telecomunicaciones en el país. No se ve voluntad política para implementar un plan de desarrollo integral en el sector, aún en zonas urbanizadas, la conexión de los usuarios llega a fallar y esto, demuestra que aún falta mucho por mejorar en la red y en los servicios que se ofrecen.

Entender que la convergencia es la única manera de competir en un sector tan dinámico, como lo es el de las telecomunicaciones, es una tarea primordial para los encargados de planear el futuro de México. Es aquí, donde se percibe con mucha mayor contundencia la razón de intentar colocar una agenda digital viable para el siguiente gobierno, sea quien sea que gane la elección el primero de julio de este año, elección en la que no solamente se juega la silla presidencial o gubernaturas o diputaciones o senadurías, sino que, se juega la visión y proyecto de país que queremos para los siguientes 10 años, ya que, si somos claros, este sexenio ha sido un tiempo perdido en muchos aspectos, pero especialmente en el sector de las telecomunicaciones, pues en lugar de crecer, la inversión quedó limitada por una regulación irresponsable y basada en la política y no decidida desde las verdaderas necesidades del país.

La confrontación de proyectos suele ser interesante, pero también se convierte en una necesidad comparativa que ayude a tomar la decisión más acorde a la realidad que se vive; sin embargo, la voluntad política y el compromiso con el país y sus ciudadanos queda de lado cuando los acuerdos se toman sobre una mesa y no, con el análisis necesario y respectivo, eso es lo que creo, paso con la regulación a Telmex. Para muestra un botón: la publicación del voto particular del Comisionado del IFT, Adolfo Cuevas, que más que una justificación a su voto en la sesión ordinaria del pleno del Instituto Federal de telecomunicaciones, parece una denuncia a la falta de honestidad al votar por parte de los demás comisionados en los que se incluye al comisionado presidente del plano, Gabriel Contreras.

No hay duda de que la competencia es necesaria para mejorar los servicios y la calidad de los mismos, pero, lo que no se puede entender, es como la regulación da beneficios extraordinarios a una competencia que no invierte, que no se compromete con México y que, no facilita el acceso final a los usuarios, sino que, pretende seguir generando ganancias a partir de un subsidio otorgado por la empresa denominada como preponderante.

Para todos aquellos que creemos que el desarrollo de la TIC es indispensable para un crecimiento real de la economía, de la cultura, de la educación, la decisión en la elección de un nuevo presidente de México, cobra un nuevo sentido relevante y nos obliga a comparar los proyectos y a los encargados por los candidatos (que definitivamente el peor y comprobado, es Lozano) de llevar a buen puerto esta tarea.

@IsraelQDigital