Guillermina Gómora Ordóñez
@guillegomora

Otrora poderosos, hoy los exgobernadores de Sonora, Guillermo Padrés Elías y de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, están en desgracia producto de su voraz avaricia y
descaro para meterle mano al erario sin pudor alguno.

En el norte del país, en 2009, Padrés prometió, durante su campaña, un “nuevo Sonora”,
alejado de la sombra de corrupción, nepotismo, narcotráfico, violencia y sobornos de sus
antecesores.

Sin embargo, en los primeros cuatro años de su gestión, la entidad alcanzó niveles
históricos de corrupción y nepotismo, uno de sus hermanos, Miguel Padrés Elías, era
conocido por cobrar cuotas de 30% a quienes buscan ganar una licitación o emprender un
negocio en Sonora.

Sus excesos y malos manejos provocaron en 2014 un incremento de 53%  de la deuda
pública y alentaron a los integrantes de la organización civil Sonora Transparente a
presentar ante la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Procuraduría General
de la República (PGR)  una denuncia por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

En la querella se dijo que Guillermo Padrés acumuló una fortuna en inmuebles, valuados
en 100 millones de pesos, en cuatro años de su mandato. ¡Vaya olfato inmobiliario!

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó más de 300 observaciones por
desvíos de recursos federales durante la gestión de Guillermo Padrés.  Una  de ellas: en
2014 donde se malversaron 41 millones de pesos del fondo de aportaciones para la
educación tecnológica y de adultos; otra por más de 4 mil millones que debían ser
destinados al programa de escuelas de tiempo completo, al más puro estilo de David
Copperfield, “desaparecieron”.

También, en 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició un procedimiento
administrativo en contra del mandatario sonorense, por la construcción de una presa en
su rancho Pozo Nuevo, ubicado en el municipio de Arizpe, una obra que se hizo sin  los
permisos correspondientes y captaba agua para su propiedad en afectación de
comunidades aledañas. Un “bordo” dijo entonces Padrés, quien terminó destruyéndola.

¡Ah! Y qué tal su playa privada en San Carlos, Sonora, un lugar exclusivo para el
esparcimiento de la familia Padrés; mide más de cien metros lineales  y se ubica a la orilla
del mar de Cortés en el lujoso fraccionamiento Vista Real, sólo pagó 7.5 millones de dólares.

Hoy prófugo, imposible disfrutarla, sus 40 amparos tramitados, de los cuales 28 ya
caducaron, no le sirven para vacacionar. La PGR, lo tiene en la mira, recientemente pidió
información a autoridades de Estados Unidos y a la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda, relacionada con transferencias por 3 millones 312 mil 175
dólares que hizo la empresa Procesos Automatizados de Manufactura a cuentas del
mandatario estatal y algunos de sus familiares.

Por lo que toca al veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, su exceso de confianza lo tiene en
la picota; se negó a escuchar los exhortos de su entonces amigo, Enrique Peña Nieto, para
abandonar la gubernatura, envalentonado afirmaba el pasado 24 de febrero que no
pediría licencia, que los rumores de su salida eran parte del “folklore veracruzano”.

¡Ajá! Su suerte estaba echada y no supo retirarse.

De modo que, empezó el destape de sus tropelías, la ASF confirmó un daño al erario de
Veracruz, superior a 15 mil 772 millones de pesos; la PGR investiga a Duarte y al ex
tesorero de esa entidad y actual diputado local por Nueva Alianza, Vicente Guillermo
Benítez, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber
legal donde hay 35 empresas y 34 personas involucradas y desaparecidos mil millones de
pesos.

En materia de inseguridad, los números son de terror, datos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, revelan que en Veracruz los
asesinatos y los secuestros registraron un crecimiento del 114 y 40 por ciento,
respectivamente  en 2015.

El estado se posicionó el año pasado como el tercer lugar nacional en denuncias de
secuestro sólo detrás de Tamaulipas y Estado de México; y en lo que va de 2016 se colocó
en la cuarta posición. En la entidad veracruzana se ha registrado el 10 por ciento de los
secuestros en el país. Además, en el sexenio de Javier Duarte  asesinaron a 17 periodistas.

Sin embargo, el defenestrado mandatario negaba que hubiera inseguridad en la entidad y
presumía que habían bajado los índices delictivos y sólo se registraban “robo de frutsis y
pingüinos en los Oxxos”. Bueno, hasta el caso de Los Porkys de la Costa de Oro, encubrió.

De las cientos de fosas y los desaparecidos, ni hablar, su indolencia colocó a los jóvenes de
Veracruz en situación de alto riesgo. La Fiscalía General del estado tiene registradas 950
denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29
años cuyos casos no han sido resueltos en los 6 años del gobierno de Duarte. La PGR
ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de
Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.

En lo que va del sexenio se han tenido que abrir en total 2 mil 68 averiguaciones previas
por igual número de jóvenes desaparecidos, de los cuales sólo localizaron vivos a mil 250.

El caso Tierra Blanca a principios de año con 5 adolescentes levantados por 11 policías
involucrados, es una muestra  fehaciente del mal gobierno de Javier Duarte.

¿Se aplicará la ley a estos ex mandatarios del PAN y del PRI? El gobierno de Enrique Peña
Nieto, tiene la oportunidad de reivindicar el Estado de derecho, tan ausente en esta
época.