Por: Israel Quiñones.

El México que recibirá el nuevo gobierno, es un país lleno de desconfianza ciudadana, de ciudadanos desaparecidos, lleno de violaciones a los derechos humanos y con una falta de políticas públicas que realmente intenten mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Por las razones anteriores y otras más, se crearon una serie de Organismos Constitucionales Autónomos(OCA), mismos que de cierta manera, debieran de regular servicios, competencia económica, las elecciones y todas esas actividades en las que el gobierno perdió credibilidad.

Las actividades de estos organismos serían complejas y variadas, pero siempre con la intención de que quienes formaran parte de los mismos, fuesen personas pertenecientes a la sociedad civil y es ahí donde la degradación de dichos órganos comenzó a darse. Cuando en el INE los intereses de los partidos políticos se imponen en los nombramientos de los consejeros, cuando en la COFECE, los comisionados están ligados a intereses empresariales y cuando en el IFT, la televisora manda las reglas asimétricas al Agente Económico Preponderante, es decir, en el papel constitucional dichos organismos son autónomos, pero en la realidad los miembros y comisionados están sesionando a favor de los intereses de unos cuantos.

Es cierto, que la regulación en materia económica y de servicios es necesaria; sin embargo, la autonomía y la técnica que las decisiones regulatorias deben contener, se convierten en una responsabilidad enorme en la que se ve involucrado severamente el futuro del país, tal y como es en el caso de las telecomunicaciones, un sector que se caracteriza por el dinamismo y la innovación, así como, por el alto contenido de capital de las inversiones que se deben generar para poder ejercer el servicio a los consumidores finales.

El siguiente gobierno ha dado a conocer su interés primordial en este sector y el gran proyecto de cobertura que tienen entre manos. Para que este proyecto tenga éxito, la teoría regulatoria neoclásica tiene la respuesta y la regulación intrusiva y confiscatoria se convierte en una trampa mortal para lograr alcanzar la finalidad principal del proyecto de nación en materia de telecomunicaciones del gobierno que encabezará López Obrador.

Es obvio, que para alcanzar la convergencia, asequibilidad y conectividad de más de 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación, el nuevo gobierno necesitará de alianzas público-privadas que en definitiva no son las que el actual gobierno ha mantenido, mismas que se reflejan como un rotundo fracaso y para muestra, tenemos el esquema de la red compartida, la cual no ha tenido un crecimiento territorial tangible, ya que, sólo ha tenido entrada a 4 de las principales ciudades de México y la otra gran parte del territorio continua conectada gracias al AEP.

Otro ejemplo doloroso de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, es el de la red troncal, red que ni siquiera se ha licitado… seguimos con 50 millones de mexicanos desconectados y los intereses de los comisionados del IFT continúan en querer dividir a Telmex, pues según su lógica, esto dará entrada a la red de la empresa a otras empresas competidoras para que puedan explotar la red, pero: ¿qué no se supone que para eso iban a estar la red compartida y la red troncal? ¡Es cierto, todavía no existen!

Según la misma teoría regulatoria, la idea de una competencia basada en la interconexión y el alquiler o la desagregación del bucle, es decir, el alquiler de la red del Preponderante, no elimina las fallas en el mercado, sólo las engrandece y eso es a lo que el IFT se ha estado dedicando estos años, a engrandecer el problema.

La característica principal del sector de las telecomunicaciones es que para el despliegue de redes se requiere de una gran inversión, así como, recuperación y emisión de costos de mantenimiento de la misma red y costes fijos elevados. Por lo que una regulación intrusiva, intervencionista y confiscatoria, como la que el IFT ha impuesto, inhibe la inversión, estanca el crecimiento de la red, la penetración de banda ancha y fibra óptica, por lo que el sector queda paralizado, lo que no impulsará el proyecto lopezobradorista.

Si bien es cierto que la sociedad demandaba institutos autónomos y descentralizados, también es cierto que los demandaba bajo ciertas características que cumplieran con los requerimientos sociales, que principalmente son enfocados a que los intereses de que los ocupan puestos gubernamentales y empresariales no intervinieran en las decisiones de primordial importancia para los intereses de la nación y en el caso de las telecomunicaciones, el interés nacional debe ser amplio por la transversalidad que implica en la actualidad el sector para el desarrollo del país.

La regulación no es mala en sí, pero cuando la regulación se convierte en un arma de desmantelamiento, entonces la afectación es para toda la sociedad y no solamente para los implicados. La regulación es la manera más eficaz de componer las fallas en el mercado, pero también puede convertirse en el peor aliado de la competencia leal y del desarrollo y crecimiento del mercado, tal como ocurrió con el sector de las telecomunicaciones, en el que el mercado no ha crecido, sólo lo dividieron entre más operadores, pero realmente, el mercado permanece estacando y eso, no beneficia a nadie.

La verdad es que yo no creo que la regulación sea una solución a los males de México, puede tratarse de todo lo contrario, tal y como ha quedado demostrado en este sexenio con la sobrerregulación del mercado y todavía hay opiniones como las de la prestigiada especialista Clara Luz Álvarez, que en su columna de la semana pasada habló de una regulación social, eso me suena a pérdida de libertades, tal y como ha ocurrido con el despliegue de redes y de inversión en el sector de las telecomunicaciones. No podemos caer en la trampa de la regulación del Estado o terminaremos regulando, interviniendo y confiscándolo todo, hasta la propia libertad de ser.

@IsraelQDigital