BRÚJULA PÚBLICA. Rodolfo Aceves Jiménez. La ciudadanización de las instituciones fue un proceso que se implementó para dar certeza y confianza a aquellas entidades públicas que, por su naturaleza, requerían otorgarles certidumbre para determinadas funciones de Estado, como la electoral o la de información. Así nacieron el INE y el INAI.

Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción nace con 4 años de retraso, un cúmulo de asuntos inmorales de corrupción, que invade la presente administración y una mayoría de las gestiones de las entidades federativas invadidas de este mal, lo que verdaderamente se constituye como un asunto de seguridad nacional.

Esto significa que trasciende no solo a asuntos del campo político, sino del campo económico, quizás el más vulnerado por el impacto en las finanzas públicas que representa, así como el campo social, en quien recae el daño moral. Ello sale a relucir por el rechazo que hizo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción al exhorto para que el Gobierno Federal informe sobre la adquisición y uso del programa Pegasus, con el que presuntamente fueron espiados periodistas y activistas y defensores de derechos humanos.

La falta de argumentación del sentido del voto de Arely Gómez y el razonamiento de Pérez Daza y Chaurand Arzate, no corresponde al espíritu de justicia que persigue el ciudadano, cuando el sentir social está ofendido y agraviado por haber transgredido diversos bienes jurídicos que tutelan los derechos a la seguridad, a la privacidad y a la legalidad, en el caso del espionaje citado.

No son los derechos de las personas agraviadas, en lo individual, lo que se persigue sancionar su violación; sino que, en lo colectivo, se trata de la seguridad, la privacidad, el carácter legal de los actos del individuo frente al Estado como rector de la función de seguridad, entre otros muchos bienes, lo que verdaderamente está en riesgo.      @racevesj