Otorgan contratos “a una intermediaria fantasma por instrucciones del Delegado en Jalisco y el Coordinador de Recursos Financieros.

Por: Moisés Mora Cortés, Corresponsal

Al menos una decena de empresas que años atrás proporcionaban diversos servicios de los catalogados como subrogados (reemplazo de obligaciones a terceros) directamente a las instalaciones hospitalarias del ISSSTE en Puerto Vallarta, denuncian que desde principios del año 2017 “fueron obligadas a terciarizar” esas prestaciones y productos a una controladora de proveedores “fantasma” denominada SEPRAC, que además de no disponer de activos registrados en el Registro Público de la Propiedad, tampoco tiene oficina o manera de ser localizada e incluso fue creada exprofeso por dos jóvenes con antecedentes en la comisión de fraudes a través de licitaciones, como públicamente se denunció a finales del año pasado.

De acuerdo con los dueños y representantes legales de empresas proveedoras de servicios tales como análisis clínicos, imagenología, ambulancias y radiología, además de limpieza y suministros diversos, entre otros, que pidieron guardar el anonimato por temor a represalias, aseguran que desde enero del año de 2017, “el delegado del ISSSTE, Flavio Humberto Bernal Quezada, a través de un representante suyo (o al menos así se presentó), Naim Alberto Melayes Sánchez, quien desde el año de 2011 y hasta ese momento fungía como coordinador de Recursos Financieros de la Clínica Hospital Puerto Vallarta (imagen adjunta de la página 158 del Directorio de Unidades Médicas en donde se registra su correo oficial nmelayess@issste.gob.mx), les advirtió que “si estaban interesados en mantener la relación contractual (muchos de ellos brindaban servicios por más de una década) con esa dependencia federal, debían triangular sus servicios a través de la controladora SEPRAC S.A. de C.V. o de lo contrario, quedaban fuera”.

Según el acta constitutiva 4,652 correspondiente al Tomo 14 Libro 4 de la Notaría Pública 26 de Zapopan, Jalisco, a cargo del abogado Antonio Alejandro Romero Hernández, el pasado 23 de marzo del año de 2017, acudieron Maximiliano (25 años de edad en ese entonces) y Sofía (con 33 años de edad para esa fecha) de apellidos Chávez Partida, a constituir la Sociedad Anónima de Capital Variable SEPRAC, señalando como domicilio social, “la zona conurbada de Guadalajara”, así de simple e inexplicable a la vez. Sin embargo, en los contratos con el ISSSTE en Puerto Vallarta, señala como domicilio fiscal una vivienda en Guadalajara, en donde desconocen su existencia y es habitada por una familia ordinaria de cuatro integrantes completamente ajena a esas actividades, como puede advertirse en las imágenes adjuntas.

El objeto de dicha empresa es tan amplio y plenipotenciario, que abarca todas las actividades productivas en el mercado, pasando por la realización de eventos artísticos y culturales, incluyendo labores de diseño y construcción, desde compra y venta de productos y servicios relacionados con el ámbito de la medicina, tratamientos, alimentos y vacunas, al igual que lo relacionado con el turismo médico, así como comercialización de maquinaria y equipo para esos propósitos, incluyendo el manejo y administración inmobiliaria, construcción de instalaciones especiales exprofeso, operación de franquicias y hasta inversiones financieras, además de la industria editorial, de comunicaciones, publicidad y mercadotecnia, entre otras… todo eso con un capital social de tan sólo 50 mil pesos, correspondiente la mitad de acciones a cada uno de los dos hermanos y dueños.

Adicionalmente Maximiliano asumió las responsabilidades como representante legal y administrador general único, para lo que junto con su hermana Sofía, designaron a Claudio Fernando Arciniega Rodríguez, como comisario, en ese propósito empresarial, estableciendo como oficinas corporativas el domicilio de calle Morelos 2222, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco, cuando en realidad siempre ha fungido como casa-habitación, según revelaron sus moradores. Cabe señalar que en una búsqueda paralela en el Servicio de Administración Tributaria, pudo ubicarse como el verdadero domicilio fiscal, la finca marcada con el número interior F-15, de la avenida Las Palmas 150, de la colonia Guadalajarita, en Zapopan, Jalisco (a espaldas del Club Atlas Colomos) justo en el domicilio personal registrado por la socia de SEPRAC al 50%, Sofía Chávez Partida, cuando acudió a la Notaría 26 a registrar dicha empresa.

Para dichas operaciones de terciarización comercial, de las que se reafirma fueron obligados los proveedores entrevistados, establecieron acuerdos o convenios paralelos para que facturaran los servicios a SEPRAC (copias de varias de las cuales se encuentran en poder de esta empresa informativa), y ésta a su vez al ISSSTE de Puerto Vallarta (precios que evidentemente fueron incrementados por la intermediación), proceso de reciprocidad que tutelado por la subordinada de Melayes (quien ahora se desempeña como subdirector Administrativo), Nayeli Meza, únicamente avanzó en el primer mes de operaciones (agosto del año de 2017), solo con dos pequeños abonos y posteriormente dicha controladora omitió el pago a sus prestadoras de servicios por el resto del año subcontratado que representa montos por varios millones de pesos, que aparentemente sí fueron cobrados a la dependencia federal, más no reportados a sus asociados.

Tales acuerdos fueron firmados entre abril (unas semanas después de constituirse la controladora SEPRAC), y julio del año de 2017, a través de un ingeniero de nombre Miguel Ángel Chávez (presunto familiar directo de los mismos socios y colaborador de PS + C, otra de sus empresas de plásticos y viniles que le vende materiales al Seguro Popular), en cuya carta de invitación afirmaba: “La intención es formar con su grupo una relación laboral, nos interesa que nos preste los servicios de laboratorios y imagenología a todos los pacientes provenientes del ISSSTE Puerto Vallarta… Nuestra empresa se hará cargo de cubrir todos los gastos que se lleguen a realizar por las necesidades que presenten los derecho-habientes…”

Es así como, a decir de las empresas afectadas que brindan empleo a centenas de familias del destino turístico, luego de varios meses en el incumplimiento del pago por la prestación ininterrumpida de sus servicios, se vieron obligados a cancelar las operaciones con SEPRAC al representarles serios quebrantos a sus balances financieros, recibiendo como respuesta la sustitución inmediata de sus servicios (otorgándoselos a otros competidores incluso habilitados a última hora) sin que hubiera mediado la liquidación de sus facturas emitidas con antelación, situación que se mantiene a la fecha.

Con lo que al advertir que fueron utilizadas con el propósito de triangular el ejercicio presupuestal de dicha delegación federal, ahora en manos del doctor Carlos Lomelí Bolaños, en su carácter de delegado General de Programas Sociales de la Presidencia de la República, las empresas proveedoras aseguran que preparan sendas denuncias ante el órgano de control interno del ISSSTE, así como ante la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, a efectos de recuperar la afectación financiera de la que fueron objeto y solicitar la intervención de las autoridades para frenar ese tipo de prácticas, que aseguran son comunes en varias de las dependencias públicas del país.

Cabe señalar que ambos hermanos, Maximiliano y Sofía Chávez Partida, junto con su progenitora, Guadalupe Partida, involucrados el año pasado en un fraude al programa de Escuelas de Tiempo Completo, en particular a estudiantes wixáricas de 23 escuelas de la zona Norte de Jalisco, han creado al menos una docena de empresas similares a SEPRAC, a través de la Notaría Pública 26 de Zapopan, Jalisco, a cargo del abogado Antonio Alejandro Romero Hernández, quien también está implicado en fraudes millonarios al Ayuntamiento de Zapopan desde el año de 2015.

Algunas de estas empresas que están bajo la lupa del SAT y la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, son PS + C, Altea Capital e Interior Capital, y además se tiene conocimiento de que también son proveedores vigentes en el Gobierno del Estado, varios organismos públicos descentralizados como el Instituto Electoral y el Instituto de Estadística y Geografía, entre otros, al igual que del Gobierno Federal, a través de Sedesol, Seguro Popular, Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, además por supuesto del IMSS y el ISSSTE.

@moisesmorac