México (Xinhua) — La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó este lunes ante el máximo tribunal del país varias reformas aprobadas por los congresos estatales de Veracruz y Quintana Roo, por considerar que se oponen al Sistema Nacional Anticorrupción.

En rueda de prensa, el subprocurador jurídico de la PGR, Salvador Sandoval, indicó que los congresos de ambos estados del este del país aprobaron legislaciones en la materia que “no son acordes al sentido y fin” de la reforma constitucional de 2015, que permitió crear las bases de un sistema de mecanismos para frenar abusos de poder.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado, explicó el funcionario.

Los dos congresos hicieron modificaciones legales en el último tramo de las administraciones de los gobernadores salientes Javier Duarte, en Veracruz, y Roberto Borge, en Quintana Roo, quienes serán sustituidos por nuevos gobernantes postulados por partidos políticos opositores tras ganar las elecciones del pasado 5 de junio.

La impugnación se llevó a cabo este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por instrucciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, durante una rueda de prensa efectuada en la residencia oficial de Los Pinos.

“Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana”, explicó Sánchez.

El vocero de la Presidencia agregó que en una fecha próxima el presidente promulgará las leyes generales aprobadas por el Congreso para que sea puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Uno de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción es que no haya cabida para legislaciones locales a modo. En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”, agregó.

Por su parte, el subprocurador Sánchez enfatizó que, tal y como fueron aprobadas las leyes estatales, los nombramientos de contralores, fiscales y magistrados que actúen contra la corrupción pueden carecer de sustento constitucional, así como las resoluciones que lleguen a emitir contra funcionarios por posibles actos irregulares.

Las reformas efectuadas en los dos estados permanecerán vigentes en tanto la SCJN emita su fallo, para lo cual todavía no existe una fecha.