Visión de una política de Agenda Ambiental.

Por: Ricardo Medina Calvario.

Pdte Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, A.C

México y su población ha soñado de más y conseguido de menos, viviendo con la esperanza que trae cada nuevo sexenio, por lo menos desde la mitad del siglo XX.
México lleva años de fórmulas probadas y recetas fallidas, emulando las mejores prácticas mundiales, formulando leyes, reglamentos y normas de felicitación internacional, pero de escasa o nula aplicación puntual y efectiva.
México enfrenta un sin fin de problemas y retos, económicos, de educación, seguridad pública, de tratados internacionales de comercio, pero principalmente de una corrupción sistémica, impunidad segura y desigualdad palpable a los ojos de los ciudadanos no de los políticos.
Cuando vemos, conocemos y vivimos estos problemas de entre muchos varios, no queda más que resignarnos a no pensar de qué manera resolver, por ejemplo, cómo alcanzar un crecimiento económico sustentable o bien un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.
Crecimiento Económico con Sustentabilidad, es una frase que se repite constantemente entre la sociedad de nuestro país. Parece un membrete, pero es lo que realmente necesitamos, debemos ya pensar más en el país y por ende en su gente, dejar de lado los aspectos netamente políticos y trabajar para tener ese ambiente económico que permita fomentar la creación de empleos, pero que esta creación sea en armonía con un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. No esperar más a que la clase política actúe, porque ellas y ellos viven en un mundo paralelo, bizarro, con prosperidad, donde se está terminando la pobreza extrema y solo se queda en pobreza, donde la impunidad no existe porque hay leyes que se aplican a la letra y donde la corrupción no es sistémica y se soluciona con una ley de transparencia o mandato divino.
Lo expresado anteriormente, puede considerarse un pensamiento negativo, donde solo se critica lo errático y no se aplaude lo conseguido o avanzado, solo que no se puede dejar de matizar que con lo que tenemos, presupuestos cortos y falta de políticas públicas transversales, es difícil transitar a la sustentabilidad.

En este tiempo de precampañas, campañas y cambio de gobierno de cualquier color, el tema medio ambiental, ecológico o verde, según sea el caso, tiende a rebajarse a la búsqueda del voto con esta bandera, que de paso sobra decirlo, es en muchos casos efectivo, a quién no le gusta escuchar que se bajarán las emisiones contaminantes, que se combatirá el cambio climático y que se protegerá la biodiversidad de nuestro país.
Es necesario pensar que con un presupuesto federal escaso y no se diga estatal, con respecto al medio ambiente, se debe trabajar en lo esencial, lo primario y que pueda ser motivo de cambio y avance, quizá una agenda ambiental y de sustentabilidad pueda apoyar, siempre y cuando se tengan instrumentos y políticas específicas, responsables y por encima de todo aplicarlas.
Ya desde el año 2012 la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estableció 17 objetivos para el desarrollo sustentable y México para cumplirlos debe trabajar en su articulación y transversalidad, requiriendo para su implementación ajustes profundos en las políticas económicas, sociales y ambientales, reconociendo a los recursos naturales como la base material del desarrollo, estableciendo metas concretas para su protección y uso sustentable. Tenemos que poner en la con-ciencia de los que pretenden gobernarnos, así como de la población en general estos 17 objetivos: terminar
con la pobreza en todas partes; terminar con el hambre y mejorar la nutrición,
promoviendo la agricultura sustentable; alcanzar vidas saludables; proveer educación
de calidad y oportunidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos; alcanzar
equidad de género; empoderamiento de la mujer y de las niñas en todos lados; asegurar
disponibilidad y uso sustentable del agua y servicios de saneamiento para todos;
asegurar energía sustentable para todos; promover crecimiento económico sustentable,
incluyente y sostenido; empleo pleno, productivo y digno para todos; promover
infraestructura e industrialización sustentable e innovación; reducir desigualdades;
convertir en seguras, incluyentes, sustentables y con movilidad a las ciudades y a los
asentamientos humanos; promover patrones de consumo y producción sustentables;
atacar el cambio climático y sus impactos; conservar y promover el uso sustentable de
los océanos, mares y recursos marinos; proteger y promover el uso sustentable de los
ecosistemas terrestres; detener la desertificación, la degradación de la tierra y la pérdida
de de la biodiversidad; alcanzar sociedades pacíficas e incluyentes; acceso a la justicia
para todos, con instituciones efectivas y capaces.
Que podemos hacer con lo que tenemos.
CAMBIO CLIMATICO. En México, existen dos motores fundamentales de la economía,
la construcción y el sector energético. Ambos con gran producción de impactos
ambientales, pero tan necesarios, que debemos y tenemos el reto de encontrar la
manera de hacerlos entrar de manera total en la concepción sustentable.
Este reto debemos de asumirlo con fuerza y de manera inmediata. A manera de ejemplo,
la reforma constitucional en materia energética, menciona que el Congreso será responsable
de crear el marco jurídico para “la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas
de eficiencia en el uso de energía”.
Se deben dar los cambios y la modernización del sector, eso es innegable, pero
también se debe buscar generar menos gases y compuestos que provocan el efecto
invernadero, eficientar el uso de recursos naturales, generar menos residuos y emisiones,
así como disminuir la huella de carbono en todos los procesos.
Es ideal que la reforma energética nos permita dejar de ser un país inequitativo y crezcamos
económicamente. Pero mientras los legisladores discuten esta posibilidad, debemos
enfocarnos a la sustentabilidad de la misma, sin embargo y de manera frustrante uno de los
adeptos a la reforma, la transición a energías renovables no se dio y un nuevo gobierno debe
buscar que se dé. Esto a pesar de que el decreto Constitucional de la reforma Energética que
se expidió en diciembre de 2013, en su artículo 17 (obligaciones de energías limpias y
reducción de la contaminación), incluía ordenamientos ambientales claros, como el combate
al cambio climático, impulsando una utilización de energías limpias, así las energías
renovables -particularmente la solar y la eólica- deben acrecentar su presencia.
Tenemos una fuerte adicción a los hidrocarburos, y cada vez es más y más difícil
extraerlos, en lugar de plantearnos alternativas y con la marginación de la Ley para
el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
que buscaba reducir el uso de combustibles fósiles en 35% para 2024 y en 50% para 2050,
esto será en verdad muy complicado.
Casi 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero proviene del sector energético,
entonces será utópico pensar que vamos a reducir las emisiones, si no reducimos las que
provienen del mismo sector energético.
Ahora bien, si las energías renovables que debieron considerarse desde el paquete
troncal de la reforma y no sólo ser atendidas en las secundarias no se tomaron en
cuenta, se deberá trabajar para hacerlas asequibles, considerando las grandes
oportunidades de inversión, generación de empleos y crecimiento económico, así
como avances y difusión tecnológica que se da por el desarrollo de las fuentes de
energía renovable.
El único intento por preservar el medio ambiente se dio a través de la creación de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
(ANSIPA). La Agencia (llamada actualmente ASEA, Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente), tiene dentro de sus atribuciones vigilar, regular y supervisar, en materia de
seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, según la Ley de
Hidrocarburos, las instalaciones y actividades de este sector, incluyendo el
desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control de los residuos.
Debe considerarse, para eficientar los recursos y evitar duplicidad de funciones, el transferir las
funciones al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en materia de
contaminantes y a una Subprocuraduría en PROFEPA, su vigilancia y regulación.
Ya tenemos aprobados los cambios constitucionales, ahora los legisladores deberán
trabajar también en el ajuste de algunas de las leyes ambientales existentes para que
las nuevas empresas petroleras y de generación eléctrica operen sin provocar daños
ambientales.
A manera de ejemplo, en la Ley General de Cambio Climático, que busca cumplir con los
objetivos señalados en el Protocolo de Kioto, México se comprometió a reducir 30% las
emisiones de gases de efecto invernadero antes del año 2020 y en 50% para 2050. A
esto debemos sumar que México ha adquirido compromisos muy claros y ambiciosos en
el Acuerdo de París, que conllevan, ni más ni menos, iniciar una reducción absoluta en
el consumo de combustibles fósiles para el año 2026.
Los preceptos y criterios de esta Ley, así como los descritos en la Ley de Promoción y Desarrollo
de los Bioenergéticos, deberán ser considerados para que la Agencia logre sus funciones, así
como darle una mayor participación a entidades vinculantes como el INECC, la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, la cual debe ser fortalecida con recursos económicos,
materiales y humanos, para su coparticipación en el cumplimiento de la verificación del
cumplimiento normativo, reglamentario y legal ambiental.
Un punto neurálgico en el tema ambiental es el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), es y debe ser la cabeza del sector, por lo tanto, la Agencia deberá
estar supeditada a ella.
BIODIVERSIDAD. Lo primero que se tiene que hacer es parar la deforestación de
bosques y selvas, así como la expansión de la frontera agropecuaria sobre los
ecosistemas forestales de México, generando formas de apoyo a los dueños de la tierra
para que los usen de manera sustentable. Es muy importante pensar y reaccionar ante
la pérdida de especies, pero lo es aún más, ver la pérdida de los sistemas ecológicos; se
debe conseguir que la biodiversidad se convierta en un bienestar para la población en
su conjunto. Debemos ampliar considerablemente la superficie de Áreas Naturales
Protegidas, pero con Plan de manejo incluido, fortaleciendo técnica y presupuestalmente
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además de implementar medidas
que incluyan incentivos y participación pública y privada en la creación de nuevas
opciones productivas que permitan generar, empleo e ingreso para estas regiones y por
supuesto sus habitantes.
Un buen inicio es el aprobar la nueva Ley General de Biodiversidad, entendiendo que
ésta es nuestro capital natural. No queda más tiempo para incluir a este capital natural
como un instrumento vinculatorio para las políticas públicas explotando todo su potencial
para el desarrollo económico y social, sino haciendo rentable la conservación de la
biodiversidad y dejando de lado la tesis de que la conservación es igual a limitante del
desarrollo económico.
MARES Y COSTAS. Si con la conceptualización del desarrollo sustentable se integró la
gestión del medio ambiente con el aprovechamiento de los recursos naturales
(forestales, hídricos y pesqueros), con una visión netamente productiva, se dio una
separación en este concepto y el sector pesquero en el año 2000 se ubicó en SAGARPA.
Se debe retornar este sector a la SEMARNAT (CONAPESCA), transfiriendo facultades
regulatorias de investigación y ordenamiento, para con ello restablecer la evaluación del
estado de salud de las pesquerías, el ordenamiento pesquero, que permita establecer
las reglas de manejo para evitar la sobreexplotación de éstas, así como la política de
permisos y concesiones para lograr una captura pesquera sustentable. La administración
pesquera deberá basarse en las tasas de renovabilidad de las poblaciones que van a
explotarse, considerando los impactos en su entorno, es imprescindible lograr una
gestión integral de las cuencas y de los ecosistemas marítimo-terrestres sobreexplotados.
La Zona Federal Marítimo Terrestre, incluyendo playas, debe tener una mejor regulación
ecológica, pensando de manera ecosistémica, con planeación y construcción de
infraestructura de protección costera, humedales, manglares y adaptación al cambio
climático, en este sentido la creación de la Guardia Costera, integrada por especialistas
de la Secretaría de Marina y SEMARNAT, será un paso importante para lograr una
planeación, inspección y vigilancia de los recursos costeros y marinos eficiente.
AGUA. Lo primero, una política hídrica que limite la extracción de agua a la capacidad
de renovación de los sistemas hídricos y distribuya el excedente para el consumo
humano primero y después para el uso productivo.
La legislación en materia de aguas nacionales debe incorporar ya el concepto de uso
ambiental, observando cómo el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero debe
conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del
sistema que se trate. Se debe también considerar la visión de los consejos de cuenca y
la participación social de los involucrados en los graves problemas de contaminación,
incumplimiento de las leyes y normas, el agotamiento de acuíferos e ineficiencia de los
organismos operadores municipales en los servicios públicos de agua.
LEGISLACIÓN E INSPECCIÓN. A pesar de que se inició un trabajo en materia
ambiental en los años setenta del siglo veinte, fue con la creación de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que el conocimiento y uso de los
recursos naturales de nuestro país fueron abordados y por ende la inspección y vigilancia
tomaron un rumbo. En la LGEEPA, se plasmaron una serie de instrumentos de política
ambiental que nos permitieron establecer parámetros, lineamientos y guías para
alcanzar en un futuro cercano un desarrollo sustentable. Sin embargo, como todo
instrumento normativo, debe sufrir una serie de cambios que le permitan estar a la
vanguardia e innovar en el conocimiento y aplicación. Los cambios que se han dado en
diferentes ámbitos de la vida medio ambiental de nuestro país se han llevado a cabo sin
el conocimiento de la ciudadanía, sin la participación de actores científicos y de
organizaciones dedicadas al trabajo del conocimiento medio ambiental. La mayor parte
de las leyes, reglamentos y normas se ven violados o ignorados por el cáncer de la
corrupción e impunidad.
Se debe avanzar en el trabajo legislativo en materia ambiental, para tener un marco
jurídico eficiente y justo. Puntualmente se debe trabajar en la Ley de Biodiversidad, la
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la
creación del Reglamento de Riesgo Ambiental, con su actualización de listados de
actividades y sustancias consideradas como riesgosas, de la creación de prestadores de
servicio acreditados por la autoridad ambiental, para elaborar los diferentes estudios que
permitan prevenir, mitigar y compensar riesgos e impactos al capital natural, además
de trabajar en un esquema de auditoria ambiental obligatoria para todas las actividades
industriales con incentivos fiscales.
Un tema central y fundamental es, quien ejecuta la inspección y vigilancia de la ley,
debe tener todos los elementos técnicos, de personal y jurídicos para realizar este
trabajo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que nació literalmente por
un accidente, debe pasar de ser un ente basado en el levantamiento de procedimientos
administrativos y multas en su caso, a ser la institución que con apoyo de otras
instituciones, incluidas por supuesto, Procuradurías estatales exitosas como la PAOT en
la Ciudad de México, así como gobiernos estatales y municipales, brinde un
procedimiento de inspección federal, basado en investigación científica, innovación
tecnológica y resolución técnica que permita de una manera eficiente obtener o bien una
utilización sustentable de los recursos naturales, resarcimiento del daño ambiental
causado o desistimiento de la ejecución del proyecto o actividad.
USO DE SUELO, DESARROLLO INMOBILIARIO SUSTENTABLE Y MOVILIDAD. Se
debe garantizar una articulación del crecimiento urbano de forma armónica al Programa
de Ordenamiento Ecológico vinculante, teniendo una supervisión y cumplimiento de los
usos de suelo estipulados en el Ordenamiento y/o en los programas de desarrollo
urbano, además de establecer esquemas de coordinación metropolitana respecto de
temas ambientales, bajo un esquema de responsabilidad ambiental, esto es el cabal
cumplimiento de leyes, reglamentos y normas que permitan la protección, preservación
y restauración del equilibrio ecológico, manejo de residuos, asentamientos humanos
irregulares, espacios públicos y servicios de calidad, uso eficiente del agua y movilidad
colectiva efectiva y no de automotores, pero con visión de futuro y con trabajo real a
mediano plazo.
BIÓL. RICARDO MEDINA CALVARIO.
Presidente del Instituto de Investigación y
Capacitación para las Ciencias Biológicas, A.C.

 

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Biólogo, consultor en Medio Ambiente, Presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, A.C.

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