BRÚJULA PÚBLICA
Rodolfo Aceves Jiménez

El común denominador en que se encuentran los exgobernadores de varias entidades federativas, que son perseguidos por la justicia por escándalos de corrupción en sus administraciones, lo constituye la alternancia en el poder, que hizo que las nuevas administraciones emanadas de otros Partidos políticos, abrieran procesos judiciales.

En esta situación se encuentran los exgobernadores de Michoacán, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Veracruz, entre otros, éste último cuyo exgobernador, Javier Duarte, fue detenido en Guatemala, con una intervención que pareciera que fue sin la voluntad de las instituciones mexicanas de procuración de justicia y de seguridad nacional para detenerlo, cuando las primeras informaciones señalaban lo contrario.

La fiscal de Guatemala, Thelma Aldana Hernández, salió a medios para señalar que no detuvieron antes a Duarte, porque la PGR no lo pedía. Aldana Hernández asegura que el 15 de abril, es decir el sábado de Semana Santa, la Embajada de México presentó la nota diplomática, pidiendo el apoyo de esa autoridad para detenerlo.

Este es el segundo escándalo en menos de un mes, cuando hace un par de semanas, el Departamento de Estado Norteamericano pidió a Interpol, la detención del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, cuya detención presentó la PGR como propia, cuando las autoridades italianas la desmintieron.

No sólo eso. La agenda de corrupción se complementa con los señalamientos del fiscal de Brasil que hace, sobre el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien es señalado por pedir un soborno de cinco millones de dólares a la compañía constructora brasileña Obedrecht, cuando el pasado 12 de abril se supo que la PGR había reservado esta información por 5 años, es decir, impunidad alejada de la transparencia.

Si bien las detenciones de Yarrington y Duarte, son un mensaje firme contra la impunidad, como lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, las formas, el mensaje y la narrativa de las instituciones de procuración de justicia, dicen lo contrario.

@racevesj