Reformas, pormenores y consecuencias.

Por: Israel Quiñones.

Lo que se puede apreciar a la distancia, es que entre la oposición mexicana existe un acuerdo universal, este consta, en que no hay otra manera de sacar a flote al país más que por el cambio de régimen.

Es claroque el año que se avecina será determinante en el futuro de México, aunque, cada que ha habido elecciones, cuando menos en los últimos tres sexenios se dice eso, sin embargo, ante los vertiginosos cambios en la situación geopolítica y, en la economía mundial, así como, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las cosas no pintan nada bien para el próximo inquilino de Los Pinos.

Las reformas estructurales que se llevaron a cabo durante esta administración, ni de cerca estuvieron de dar los resultados prometidos, muy por el contrario, constiparon aún más la indeleble situación nacional.

Con argumentos poco claros, la clase política se resguardó detrás de triunfos inexistentes y, en mejoras poco palpables para la clase popular. Aunado a lo anterior, la polémica Ley de Seguridad Interior, ha desatado el debate ríspido entre la clase gobernante y, la sociedad civil, ya que, de esta última surge un reclamo de que el gobierno quiere censurar por medio de la represión castrense, la manifestación pública y el descontento que flota en el ambiente, además, de la cercanía que existe con los procesos electorales de 2018.

Por otro lado, tenemos el tema de la reforma laboral, misma que se contempló como un triunfo por parte de la clase trabajadora, empero, que al verificar las intenciones que se tienen de modificar el espíritu de la reforma en la reglamentación secundaria, el debate se ha recrudecido y, el beneplácito se ha ido difuminando, ya que, la intención de ponderar la tercerización de los trabajadores, creando empleos con derechos laborales prácticamente nulos.

No menos importante, la Ley Federal de Telecomunicacionesy Radiodifusión. En este sector que definitivamente marcará la tendencia global de la nueva economía, el regulador creado por la reforma de 2013, parece enaltecer y proteger el tema de la radiodifusión, provocando así, un castigo innecesario al desarrollo e inversión en telecomunicaciones, favoreciendo a las transnacionales que no han invertido, ni la mitad de lo prometido a su llegada y, muy por el contrario, que exigen subsidios para sus intereses, tal y como ha sucedido con el tema de la tarifa cero.

La burocracia ha tomado las riendas completas de los direccionamientos que el país ha tomado durante esta administración gubernamental, dejando en una indefensión a la ciudadanía y, por ende, la limitación de sus derechos, así como, la incapacidad de ingerir directamente en las decisiones fundamentales que se necesitan para encausar a la nación a un mejor destino, ya que, ha quedado demostrado, que las decisiones del gobierno no han contado con la efectividad para cambiar el rumbo de desarrollo que la economía, la sociedad y la política, necesitan.

La Ley de Seguridad Interior, se ha convertido en la cereza obscura que el régimen emanado del priísmo necesitaba para encender las luces rojas de la sociedad y, con ello, el acrecentamiento del descontento hacía con la política de seguridad nacional, misma, que se ha encargado más de cuidar lo que hacen los ciudadanos, que lo que hacen los maleantes; tal es el caso, que ha habido intentos de regular la internet, esto, con la excusa de vigilar las actividades ilícitas de los grupos delincuenciales; sin embargo, la realidad de la geolocalización, la intervención de llamadas telefónicas y, otras actividades de investigación por parte de las autoridades, se han dado en contra de activistas y periodistas o, las intentonas de iniciativas en el ámbito legislativo, para generar una gobernanza del internet.

Las medidas a favor de los concesionarios de las televisoras y radiodifusoras son esquemas que hacen sospechar de la manipulación mediática en tiempos electorales. La abrogación del derecho de las audiencias en el marco de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se trató de un golpe directo a la sociedad y, a su vez, un espaldarazo a las televisoras, en donde grandes cantidades de recursos económicos de los partidos, irán a parar durante este periodo electoral.

Inmersos en un momento tan polarizado políticamente, la sociedad mexicana se ve incrustada en un analfabetismo digital ampliado, ya que, las metas que fueron planteadas por la reforma en telecomunicaciones, como la de superar en conectividad al país latinoamericano más avanzado en este tema, que es Chile, no se vio alcanzado, pues, el tipo de regulación que se hizo efectiva en nuestro país, resultó ser, una medida que inhibe la inversión y la competitividad entre los actores del sector, es decir, en lugar de promover la ampliación de las redes de telecomunicaciones, el regulador, se guio por un modelo asimétrico, mismo que, otorgó beneficios a los competidores que el llamado Agente Económico Preponderante no tenía acceso, además de que promovió un subsidio de parte del AEP hacia sus competidores.

La relevancia del modelo regulatorio que implementó el IFT, no garantiza el acceso universal a la red, mucho menos, el acceso de los usuarios finales a la misma, por ende, la cantidad de marginados digitales ha ido en un aumento significativo en lugar de reducirse y, pareciera que, el regulador no comprende que un valor agregado de la red es el número de usuarios que transitan por la misma y enriquecen sus contenidos, negocios y crecimiento de la misma.

Es de esperarse que el crecimiento de la economía digital sea la forma menos compleja de crecimiento para las naciones y, es que, la renegociación del TLCAN deja demostrado que los intereses económicos digitales son primordiales para mantener una visión de crecimiento a futuro, pues, una gran parte del comercio deberá pasar por la red y, este fenómeno económico es una realidad irreversible.

Las reformas constitucionales que se han implementado durante el tiempo que lleva este gobierno, no han ponderado lo beneficios a la sociedad mexicana, sino, solamente han generado espacios de desarrollo para una pequeña elite, aspecto que, ha generado un descontento amplio que pone en peligro aspiraciones electorales para los abanderados del partido oficial y, le abren paso franco a la oposición encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, abrió la puerta a un debate doloroso, pero necesario, que es el de la violencia sistematizada, ya que, el precandidato de izquierda propuso una amnistía a los jefes de los cárteles mexicanos.

No es tanto el tema de perdonar o no perdonar, sino que, se ha puesto sobre la mesa el tema que muchos políticos mexicanos quieren mantener oculto y fuera de la palestra. Sin embargo, la discusión ha generado diversas opiniones, pero, lo que, si termina teniendo cierta razón, es que no se puede seguir manteniendo una estrategia militarizada y, que sigue impulsados resultados violentos para aquellos que no cuentan con un cuerpo de guardaespaldas a su disposición.

Las condiciones para mejorar la vida de los ciudadanos mexicanos, cada día se ven más complejas, pues con la implementación de medidas laborales como el outsourcing, solamente dejan inquietud y precarización laboral, se dice que el abaratamiento de la mano de obra, da la oportunidad a las empresas de invertir más, pero, la generación de empleos sin derechos laborales, no deja nada a la postre.

La carrera por Los Pinos, apenas comienza y, la batalla será cruenta y sin piedad entre los aspirantes a ocupar la máxima magistratura del país, pero, si no se comienza a reconstruir el país con una visión de futuro, con la generación de mejores empleos, con la expansión de las redes de telecomunicaciones y una mayor y mejor inversión en el sector, sin una certeza jurídica y de seguridad, México seguirá inmerso en el mismo circulo vicioso en el que hemos navegado hasta la fecha.

@IsraelQDigital

 

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